El debate sobre los derechos reproductivos vuelve a polarizar a Chile y capta la atención de la región. Un grupo de diputados de la ultraderecha chilena presentó un proyecto de ley para que las mujeres que quieran abortar tengan "oportunidad de escuchar la actividad cardíaca embrionaria o fetal” antes de la interrupción del embarazo, lo que ha generado controversia en las últimas horas.
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La iniciativa legislativa, bautizada como "Escucha tu corazón", fue impulsada por parlamentarios del Partido Republicano -fundado por el actual mandatario José Antonio Kast- y del Partido Nacional Libertario, entre otros sectores afines.
El proyecto busca modificar el Código Sanitario chileno para que los médicos, antes de realizar un aborto, informen a las mujeres sobre “la actividad cardíaca embrionaria o fetal” y le ofrezcan "la oportunidad de escucharla”.
Un requisito obligatorio bajo la firma del médico
En Chile, el aborto no es libre; desde 2017 es legal únicamente bajo tres causales específicas: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación (un marco legal cerrado, similar al que rige en otros países de Sudamérica).
Sin embargo, el núcleo de la polémica radica en las consecuencias de rechazar este procedimiento. Según lo que establece el texto, la mujer podrá rechazar escuchar el latido. Sin embargo, si eso ocurre, "el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo" y dejarlo registrado por escrito en su ficha clínica.
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Para los legisladores que promueven la propuesta, la medida carece de tintes políticos.
Crueldad y disuasión: Las críticas de la oposición y colectivos feministas
La reacción de las organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres fue inmediata. Desde las organizaciones feministas, han calificado el proyecto de "cruel" y lo han definido como "una herramienta de disuasión ideológica que instrumentaliza el sistema de salud pública para invalidar la autonomía de mujeres y niñas".
Javiera Canales, directora de la Corporación Miles, señaló que esta propuesta responde a una corriente global de sectores conservadores:
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De hecho, la iniciativa no es pionera en el mundo. Propuestas idénticas se adoptaron en 2022 en Hungría, bajo el mandato de Viktor Orbán, y en la comunidad autónoma de Castilla y León, en España, promovida por la coalición de los partidos Vox y PP.
El silencio del Ejecutivo
La propuesta también recibió el rechazo de Antonia Orellana, exministra de la Mujer del anterior gobierno progresista de Gabriel Boric, quien cuestionó la sensibilidad del proyecto ante casos extremos: "...realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá", se preguntó en una carta publicada en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast -declarado antiabortista y padre de nueve hijos- había prometido en campaña no priorizar esta "batalla cultural" para enfocarse en la seguridad y la economía.
Hasta el momento, la actual ministra de la Mujer, Judith Marín, conocida por su beligerante posición antiabortista, aún no se ha pronunciado sobre la polémica medida. No obstante, fuentes del Ejecutivo chileno se han distanciado de la disputa asegurando que se trata de una iniciativa exclusivamente parlamentaria y no gubernamental.
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