En entrevista con Vistazo, la presidenta del Consejo de la Judicatura defiende la polémica decisión adoptada en días pasados, que concierne a los jueces anticorrupción.
Entre los señalados por el Departamento de Estado constan Wilman Terán, Pablo Ramírez, Mayra Salazar y otros vinculados a los casos Metástasis y Purga.
La institución informó que 23 procesos disciplinarios prescribieron durante la administración anterior, entre ellos, expedientes relacionados con casos de narcopolítica.
Según las autoridades ecuatorianas, la mujer cambió a los miembros de la Sala de la Corte Provincial para poner en su lugar a otros afines a su grupo delictivo.
El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a Salazar en el cargo diplomático un día después de que la jurista dejó su puesto como titular del Ministerio Público.
La magistrada expresó tener esperanza de que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Corte Nacional de Justicia dispongan acciones para precautelar su seguridad.
Según las evidencias, los procesados habrían participado en una estructura para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo en detrimento de los intereses del Estado.
El juez desechó las alegaciones de Gallardo en el sentido de que se ha planteado una acusación sin fundamento, pues se han evidenciado los nexos que mantiene con otros procesados.
