Asamblea aprobó la ley urgente de minería y energía con votos condicionados de la Amazonía

Grupos indígenas, como la Conaie, mostraron su rechazo al proyecto porque aseguran que reduce el control ambiental.

Asamblea debatió ley sobre minería y energía.
Kevin Hidalgo

La Asamblea aprobó este jueves, 26 de febrero, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, remitida por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente.

La decisión se dio con los votos condicionados de los legisladores de la Amazonía, quienes aceptaron dar paso a la nueva norma si es que se elimina el artículo 29, que hablaba sobre la distribución de las regalías por la generación de energía eléctrica.

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Fernando Nantipia, Edwin Jarrín, José Nango y Edmundo Cerda alertaron que ese apartado pondría en riesgo la entrega del 30% de las regalías que reciben los gobiernos locales de esa región.

Así mismo, el legislador Anthony Becerra (ADN), del Azuay, reconoció esa irregularidad y pidió dividir la votación en dos partes. En la primera, los asambleístas se pronunciaron por 28 artículos, casi toda la ley. Mientras que el artículo 29 fue excluido para un segundo sufragio.

Es así como el oficialismo logró 77 votos afirmativos en la primera votación y el artículo 29 quedó eliminado al contar con el rechazo mayoritario del Pleno.

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Asamblea debatió ley sobre minería y energía.

CHOQUE DE POSTURAS

Alejandro Lara, proponente de la ley, destacó cinco puntos fundamentales del documento: mantener la rectoría del Estado para control y reglas claras, reactivar la inversión privada, mejorar la recaudación estatal, promover la diversificación y abastecimiento de energía y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.

Además, aseguró que el Estado protegerá las zonas mineras para evitar la irrupción de grupos criminales. También, habló sobre la creación de ‘clusters mineros’, que son concentraciones geográficas de empresas, proveedores de insumos/servicios, instituciones educativas y centros de investigación.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) había pedido el archivo de la ley al considerar que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.

La organización advirtió que se está sustituyendo las licencias ambientales por autorizaciones simplificadas, lo cual reduce la consulta “a un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo”.

En ese sentido, ciudadanos y grupos ambientalistas realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea, pero en Quito. Mientras tanto, el debate se realizó en la Universidad Ecotec, en Samborondón, provincia del Guayas.

Ahora la ley será enviada a la Presidencia de la República para su aprobación u objeción parcial (veto).

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