Más de 50 cruces informales exponen la migración irregular en Tulcán

Los pasos informales, la precariedad laboral y el debilitamiento de la ayuda humanitaria configuran en Tulcán un escenario donde la movilidad humana se cruza con redes delictivas y limitadas respuestas estatales.

A pocos metros del puente internacional de Rumichaca, venezolanos, haitianos y migrantes de origen asiático cruzan pasos informales controlados por organizaciones criminales.
Nicole L. y Diana H.

Entre trochas ocultas en la zona agrícola de Urbina, en el cantón Tulcán, la migración irregular en la frontera norte de Ecuador se ha convertido en una ruta permanente para redes de trata y tráfico de personas.

En medio de plantaciones de papa, maíz y zanahoria existen pasos informales que pueden pasar desapercibidos por quienes desconocen la zona. A pocos metros del retén militar de Urbina, una puerta es el punto de bienvenida a Ecuador para la población en movilidad que llega de forma irregular.

Se trata de uno de los pasos habilitados desde agosto de 2019, luego de que el visado fuera un requisito de ingreso al país para los ciudadanos venezolanos. Desde entonces, no son los únicos migrantes que utilizan el acceso, sino personas de origen asiático y haitiano, con mayor movimiento en horario nocturno.

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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador estima que en Carchi existen más de 50 cruces informales o trochas, que fueron abiertas por redes de trata y tráfico.

En Urbina, Tulcán, terrenos privados se han convertido en el punto de bienvenida a Ecuador para la población en movilidad que llega de forma irregular.

El acuerdo es cobrar a los extranjeros entre 100 y 120 dólares para trasladarlos, por ejemplo, desde Cúcuta (Colombia) hasta Huaquillas (frontera con Perú); un periplo que tarda 42 horas vía terrestre. Sin embargo esa promesa nunca se cumple. Las personas son abandonadas a su suerte, a unos 500 metros de los pasos irregulares de Tulcán.

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La frontera terrestre con Colombia tiene una longitud cercana a los 580 kilómetros, según el Tratado de Límites entre la República de Colombia y la República del Ecuador, pero el puente internacional de Rumichaca, es el principal paso fronterizo entre ambas naciones.

El punto de control migratorio de Urbina está ubicado a 20 minutos del centro de Tulcán y apenas a cinco minutos en vehículo de los pasos irregulares, que también son utilizados para el contrabando de mercancías.

De acuerdo a una fuente reservada, en el sector de Rumichaca operan al menos 15 redes dedicadas a la trata y tráfico de personas, siendo la organización criminal El Tren de Aragua, la de mayor presencia.

En esa ciudad, las redes delictivas también han encontrado un terreno fértil entre la población migrante con vocación de permanencia. Según Pozo, mujeres, niños, niñas y adolescentes son captados para actividades ilícitas como el expendio de droga y la explotación sexual.

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Las cifras revelan un contraste que explica esta realidad: mientras una mujer puede ganar entre 20 y 30 dólares al día en un centro de tolerancia, en un restaurante -donde trabaja jornadas de más de 12 horas- apenas recibe entre 10 y 12 dólares. En el campo, en labores agrícolas o ganaderas, el jornal diario ronda los siete y nueve dólares. “Vender droga puede representar ingresos similares a los de un centro de tolerancia”, comenta Pozo, quien advierte que esta realidad ha convertido a niños, niñas y adolescentes en parte de una economía criminal sostenida por la precariedad.

Las mujeres en situación de movilidad son captadas por los grupos criminales para sus redes de explotación sexual.

Problema crítico

Pero la asistencia humanitaria para personas en movilidad humana en la frontera norte de Ecuador atraviesa un momento crítico. Pozo explica que los recortes de ayuda internacional han reducido de forma drástica la capacidad operativa de las agencias de ayuda.

La Defensoría Pública de Carchi, en coordinación con su par de Colombia, brinda asesoría y patrocinio legal gratuito en varias áreas como familia, niñez y adolescencia, laboral, penal y mediación.

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Su director provincial, Víctor Villagómez, explica que a diario atienden alrededor de 50 casos; de ellos, cerca de la mitad está vinculado con la movilidad humana, principalmente de personas que buscan asentarse en el país para mejorar sus condiciones de vida.

Al pie del puente Internacional de Rumichaca, la Defensoría Pública de Carchi, en coordinación con su par de Colombia, brindan asesoría y patrocinio legal gratuito en varias áreas.

Vistazo pidió a los ministerios del Interior y de Defensa de Ecuador respuestas a las acciones que llevan a cabo en las zonas fronterizas con Colombia, pero no hubo contestación al pedido.

Mientras el Ministerio de Relaciones Exterior y Movilidad Humana, a través de su viceministro Alejandro Dávalos, detalló que con el financiamiento de la Unión Europea y el acompañamiento técnico de la OIM y la Red de Migración de Naciones Unidas -que incluye organismos como ACNUR-, Ecuador trabaja en la implementación del Plan Nacional de Movilidad Humana 2025-2029, que aborda tres ejes: inclusión económica, inclusión social y gobernanza para la migración.

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Su alcance es amplio: está dirigido a extranjeros en calidad de migrantes o refugiados, a ecuatorianos retornados -tanto por deportación como por decisión voluntaria- y a la diáspora, conformada por cerca de 2,4 millones de ecuatorianos en el exterior.

La realidad de la frontera norte muestra que la migración irregular es un fenómeno persistente, marcado por el accionar de redes criminales. En ese contexto, el reto del Estado va más allá del control y exige respuestas integrales que eviten que estos territorios sigan siendo escenarios de vulnerabilidad y explotación.