Cárcel del Encuentro: secretos y polémica de la mega prisión que Noboa construye en Santa Elena
Vistazo recorrió la zona de construcción de la nueva cárcel. Aislamiento extremo, oposición comunal y contratos confidenciales marcan la construcción de la nueva penitenciaría de máxima seguridad. ¿Será la solución a la crisis de inseguridad?
Con una imponente muralla de nueve metros, torres de vigilancia y un diseño de celdas individuales, el gobierno de Daniel Noboa avanza en la construcción de un presidio en la provincia de Santa Elena que promete ser inédito en la historia carcelaria del país. Fue bautizada como la Cárcel del Encuentro, una clara alusión al eslogan del gobierno anterior, pero cuyo nombre contrasta radicalmente con su propósito: aislamiento, vigilancia extrema y control absoluto sobre los criminales más peligrosos de Ecuador.
Concebida como una respuesta directa a la crisis de inseguridad y a un hacinamiento penitenciario que para junio de 2025 superó el 32 por ciento, esta obra busca concentrar y neutralizar a los cabecillas de las bandas criminales. "Es una necesidad del país", ha afirmado el presidente Daniel Noboa, defendiéndola como un instrumento operativo clave dentro de su estrategia de seguridad.
La promesa de aislamiento para 'Comandante Willy'
La relevancia de esta cárcel en la estrategia de seguridad del Gobierno es tal, que se ha convertido en una pieza clave en negociaciones internacionales. Ecuador le prometió al reino de España que William Alcívar Bautista, alias "Comandante Willy", uno de los líderes de la banda Los Tiguerones detenido en Madrid, será recluido en estas instalaciones.
La extradición, aprobada por la Audiencia Nacional española, vino con una condición fundamental: que el Estado ecuatoriano garantice la vida del reo, algo que el Gobierno asegura se cumplirá gracias al diseño de esta prisión.
Tensión en territorio comunal: entre ceibos y miedo
El camino hacia la obra es un sendero polvoriento de cuatro kilómetros, rodeado por fantasmagóricos árboles de ceibo. En este terreno, la construcción ha estado marcada por la tensión. Las comunas vecinas, como Bajada de Chanduy y Juntas del Pacífico, han mostrado una fuerte resistencia desde el anuncio del proyecto.
El temor a la violencia, que ha ensangrentado las cárceles del país en los últimos años, se materializó antes de la llegada del primer recluso. En la Navidad de 2024, un brutal atentado paralizó los trabajos: un grupo de treinta hombres disfrazados de militares irrumpió en el campamento, asesinó a un trabajador y secuestró a otros cinco.
Desde entonces, la construcción es una fortaleza. El acceso es restringido, el personal trabaja sin celulares, cámaras conectadas al ECU 911 vigilan el perímetro y militares fuertemente armados custodian el área desde trincheras.
Conflicto ambiental y oposición local
La oposición no proviene únicamente del crimen organizado. Los comuneros de Bajada de Chanduy han amenazado con presentar una acción de protección, argumentando que la construcción afecta un área de bosque primario con especies en peligro de extinción y posibles restos arqueológicos.
“El Estado ha invadido nuestras tierras sin diálogo ni transparencia”, reclama uno de sus voceros. La zona, además, fue declarada por la Prefectura de Santa Elena como un Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS), lo que añade una capa más de complejidad legal y ambiental al proyecto.
Una obra blindada y a contrarreloj
El futuro recinto penitenciario se levanta sobre 37 hectáreas, con características de máxima seguridad.
La obra, adjudicada bajo régimen especial, tiene un costo de 52 millones de dólares. La constructora es la española Puentes y Calzadas Infraestructuras, en consorcio con el gigante chino China Road and Bridge Corporation (CRBC). Sin embargo, los contratos fueron declarados confidenciales por un período de diez años, impidiendo el escrutinio público.
Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), a julio de 2025 la obra presentaba un avance del 35 por ciento.
La nueva fecha de entrega, según el ministro del Interior, John Reimberg, es a finales de 2025. El tiempo corre para un gobierno que ha puesto esta cárcel como estandarte de su lucha contra el crimen, mientras la obra avanza lentamente, cercada por la desconfianza local y el blindaje estatal.