'Son militares, yo los vi': alertan 40 desapariciones forzadas en Ecuador en 2024
Amnistía Internacional detecta que todas las víctimas son niños, adolescentes y jóvenes de barrios populares e históricamente marginalizados y racializados.
Al momento de su desaparición, los primos Jostin Álvarez y Jairo Tapia tenían 17 y 16 años. Ellos son dos de los 40 casos que recoge el informe “Son militares, yo los vi”: desapariciones forzadas por las Fuerzas Armadas, presentado por Amnistía Internacional. El documento ahonda en cinco de las detenciones y desapariciones ocurridas en 2024, según registra el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos de Naciones Unidas (ONU).
En septiembre, militares allanaron el hogar de Álvarez y Tapia, en Babahoyo, Los Ríos. Esta provincia, ubicada en el litoral ecuatoriano dentro de la ruta de la droga, es una de las que más desapariciones registra.
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Versión de los hechos
La familia relató a Amnistía Internacional que los soldados aseguraron que los llevaban con fines de investigación y que luego de una hora podrían ir por ellos. Al no encontrarlos, presentaron una denuncia. La versión coincidió con el expediente de investigación previa en la Fiscalía General del Estado (FGE).
El 17 de septiembre solo Jostin regresó. Según la versión que dio a la policía, ambos habrían sido maltratados para responder interrogatorios sobre drogas y armas en el sector. Una semana más tarde, fueron trasladados hacia otra zona. Allí “hicieron descender a Jairo y a otro detenido. Jostin escuchó dos disparos; los militares le dijeron que los habían matado por no darles información”, revela el informe.
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La familia sostiene que al volver, los soldados buscaron a Jostin varias veces en su hogar y en los lugares que frecuentaba. El 28 de noviembre, según la madre, él “estaba con una amiga en Babahoyo cuando los militares lo volvieron a detener”. Desde entonces, no volvió a casa.
Revelaciones del informe sobre las desapariciones
Naciones Unidas registró 22 acciones urgentes sobre Ecuador en casi todo el 2024, y , según el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos (CDH) en la presentación del informe. Esta organización acompaña judicialmente a los familiares de 33 desapariciones. Por su parte, la FGE contabiliza 43 casos desde que empezó el gobierno de Daniel Noboa en 2023.
Amnistía advierte también que todas las víctimas son niños, adolescentes y jóvenes de barrios populares e históricamente marginalizados y racializados. Y concluyen que en todas estas denuncias se cumplen tres elementos constitutivos de la desaparición forzada de personas bajo el derecho internacional:
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Ana Piquer, directora para Las Américas de Amnistía Internacional, sostiene que “las Fuerzas Armadas no han colaborado en las investigaciones, les han negado información a los familiares y a la Fiscalía, quienes aunque emiten peticiones formales, reciben como respuesta que esa información es confidencial”.
“Es un patrón que se ha repetido en muchos casos más”. El informe finaliza con trece recomendaciones hacia el Estado ecuatoriano, encabezadas por la petición de revertir por completo el enfoque militarizado de la seguridad pública.