Informe revela que de 100 procesos llevados por la Policía, ninguno pasó a juicio pese a que había suficientes indicios
Un informe reservado de Inteligencia encontró 100 procesos llevados por la Policía, con suficientes indicios para enjuiciar a los autores. Ninguno llegó a juicio. En 85 de esos casos, hubo problemas detectados con el juez o con el fiscal. Aquí revelamos los detalles, en exclusiva.
"En la 112 no nos buscan. A ustedes no se los ve por aquí. Nosotros tenemos pistola. 24/7 te tengo asustado...”. Así rapeaba el cantante urbano guayaquileño Jojairo Arcalla, intérprete de más de una docena de videos, subidos a su canal en YouTube. Las letras de sus canciones hablan de toneladas en bastiones; de altas conexiones; viajes a Guadalajara; envíos por Miami; advierten sobre los sapos y lanzan amenazas a soplones. Varios temas aluden a Los Tiguerones. “No soy lince, soy tiguerón”, se lo escucha rapear.
Las imágenes lo muestran con joyas, dinero, autos y armas; rodeado de mujeres y niños que bailan. En octubre de 2021, el músico de 32 años fue acribillado en Colinas de la Florida, al norte de Guayaquil. Tras su muerte las visitas a sus videos superan los cientos de miles. Sus seguidores afirman que el artista urbano interpretaba la temática de violencia, pero no pertenecía a esa organización narcodelictiva.
Con él murió el velocista olímpico de origen esmeraldeño, Álex Quiñóñez. En 2012, con 23 años cumplidos, el corredor logró la hazaña de llegar a la final de los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Londres. Compitió contra los siete hombres más rápidos del planeta, entre ellos, la leyenda olímpica jamaiquina Usain Bolt. Quiñónez no pudo correr para salvarse; cayó ante las balas de los sicarios. Solo después de su muerte se supo que su carrera deportiva estaba en desgracia, no recibió apoyo del Estado.
¿Estaban ambos en el lugar equivocado y en el momento equivocado? La investigación fiscal por el doble crimen sigue su curso. Avanza al ritmo que permite la sobrecarga de trabajo. Antes se reconstruían crímenes aislados, hoy se trata de asesinatos múltiples. A nivel nacional, 14 personas por cada 100 mil habitantes mueren en un día.
No estamos lejos de Brasil, donde se registran 18 muertes diarias por cada 100 mil habitantes. La tercera semana de abril, el nombre de Los Tiguerones volvió al ojo público. Esta vez, por cuenta de la captura, con fines investigativos, del mediocampista Gabriel Cortez, nacido en Puerto Limón, Esmeraldas, en octubre de 1995. Tras una investigación de cuatro meses, casi una veintena de personas fue detenida en distintos lugares, entre ellos, policías activos, por presunta colaboración con la mencionada organización narcodelictiva.
Sobre el futbolista de las filas de Barcelona, el hilo investigativo apunta a que decidía el trabajo asignado a los sicarios. De Cortez, su familia cuenta que dejó su ciudad a los 13 años para abrirse camino en el deporte. Vivió en Guayaquil, en Quito, tuvo un breve paso por México; donde jugó para los Lobos Buap, de Puebla; y por Brasil, donde lo reclutó fugazmente el club Botafogo, de Río de Janeiro. Antes de su detención ostentaba uno de los mejores registros por su desempeño en el Campeonato Nacional.
VIDA DE VIOLENCIA
La familia del futbolista teme por su seguridad, ahora que está detenido. Su tío fue encarcelado por drogas. Su hermano y su cuñado murieron en forma violenta. Las autoridades emitieron mensajes contradictorios sobre el sitio de su detención, para evitar ataques. Sin embargo, un video subido en redes sociales días después del anuncio de su captura lo muestra practicando con una pelota en el Pabellón 8 de la Penitenciaría, con una imagen de tigres en el fondo. Es el pabellón dominado por Los Tiguerones.
La vida de Cortez tiene huellas de violencia, como la de muchos esmeraldeños de la zona de frontera. Nació en el mismo poblado limítrofe de donde era oriundo Guacho, el líder del frente narcodelictivo Oliver Sinisterra, al que se le atribuye el secuestro y muerte de los tres periodistas de diario El Comercio en 2018.
Reportes de Inteligencia revisados por Vistazo revelan que el poder de Los Tiguerones se basa en su relación con el Frente Sinisterra, disidente de las FARC, que se negó a firmar los acuerdos de paz en Colombia luego de 2016. La estructura armada está a cargo del acopio y envío de cocaína a través del Litoral ecuatoriano; se especializa en el uso de narcosubmarinos y asienta su base de operación en la geografía esmeraldeña, pero extendió su poder a través de violencia en Guayas y pugna por entrar en Manabí.
En 2019 se conoció por primera vez sobre Los Tiguerones. Era una unidad operativa de apoyo a Los Choneros, que colaboran con el cartel de Sinaloa. Tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, “Rasquiña”, en diciembre de 2020, el grupo busca hegemonía en el mercado del narcotráfico. Esa pugna llenó de sangre las cárceles del país y las calles de algunas de las ciudades. No es la única organización aliada de Los Choneros que se volvió en su contra. En la disputa, entró otro actor armado desde México, el cartel Jalisco Nueva Generación.
Informes clasificados en poder de Vistazo revelan que un exagente de seguridad penitenciaria fundó Los Tiguerones. William Joffre Alcívar Bautista, el “Negro Willie”, nació en marzo de 1989. En 2017 fue acusado de asesinato, pero la jueza de la Unidad Judicial Penal de Esmeraldas Sammy Hinojosa dictó el sobreseimiento.
En 2019, la jueza Ruth Quevedo, de la Unidad Judicial de Garantías Penales en Guayaquil, ratificó la inocencia. En 2020 fue nuevamente acusado de asesinato. Fue detenido en un operativo policial en septiembre de 2020, junto con Luis Alexander Cortés. Lo que viene es de Ripley: Cortés colaboró con la Policía y entregó información, por lo que la Fiscalía debía recibir su testimonio anticipado. El delator fue trasladado a la cárcel de Cotopaxi, para precautelar su integridad física en espera de que se realizara la diligencia. Al día siguiente de su detención, apareció muerto en la celda; se declaró su “presunto suicidio”. La misma jueza Hinojosa determinó que no había suficientes elementos para acusar a Alcívar, quien obtuvo su libertad.
TIGUERONES LIBRES
Su hermano, Álex Iván Alcívar Bautista, “El Ronco”, es tres años menor; pero sigue sus pasos como líder de Los Tiguerones, según documentos que revisamos. En 2017 fue sentenciado a 40 meses de prisión por robo, según dictaminó la jueza penal de Esmeraldas. Ese mismo año, un juez de la Unidad Judicial Norte, con sede en Guayaquil, lo sentenció a 40 meses por delincuencia organizada. Guardó prisión en la Cárcel Regional y en la Penitenciaría del Litoral, luego fue trasladado a Santo Domingo de los Tsáchilas. El 12 de octubre de 2021, el juez de Garantías Penales de Santo Domingo, Alcívar Anguisaca, le concedió el beneficio penitenciario de régimen semiabierto, esto es, la prelibertad. Se presentó por tres veces para firmar en el Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo, las siguientes veces, envió un certificado médico, excusándose de acudir personalmente.
Las recientes investigaciones policiales apuntan a que otro líder de Los Tiguerones dirige las actividades desde la cárcel de Esmeraldas. Mientras se anunciaba la detención de los colaboradores de la estructura narcodelictiva, en abril, se producía un motín en esa prisión. Los Tiguerones pugnan por entrar a la cadena de envío de drogas hacia Europa, contaminando contenedores en los puertos, especialmente en Guayaquil. La expresión de esa lucha es la violencia que tiñe las calles de esta ciudad.
Pero no solo Los Tiguerones están enfrentados con Los Choneros. Esta organización también tiene una división interna, que enfrenta a dos líderes, Fito y JR. Este último, Junior Roldán, estuvo en la mira pública, porque se benefició de un recurso constitucional. Un habeas corpus le permitió salir de la Cárcel Regional de Guayaquil, para recibir atención médica. El informe médico establece que padece de hipertensión arterial, diabetes mellitus, esteatosis hepática en grado tres y cirrosis hepática. Su salida del centro penitenciario generó conmoción general: distintas fuentes coinciden en que tiene un alto grado de peligrosidad.
Vistazo accedió a un reporte de Inteligencia que cuestiona la permisividad del sistema judicial con cabecillas de grupos narcodelictivos, a quienes beneficia con disminución de penas o con la excarcelación. El caso de JR no es aislado. El uso del habeas corpus es una constante.
500 RECURSOS DE HABEAS CORPUS EN UN AÑO
Desde 2021, 1.312 pedidos de habeas corpus se presentaron en el sistema penitenciario nacional. De ellos, 534 fueron concedidos, en su mayor parte en las provincias de Guayas, Manabí, Cotopaxi y Azuay, donde se concentran los detenidos por narcotráfico.
Aquiles Washington Sellán Játiva, “Gato”, está vinculado a Los Chone Killers, una de las organizaciones narcodelictivas en violenta disputa. Fue detenido con 2,1 millones de gramos de cocaína, varios teléfonos, vehículos y un contenedor. Guardaba prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Guayas. Su pareja, sin embargo, presentó en Babahoyo varios certificados médicos que afirmaban que el detenido sufría de cirrosis y COVID-19. Con ellos, sustentó una petición de habeas corpus para cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario. El juez Giovanni Aycart acogió el pedido.
“¿Se da usted cuenta la frustración y sensación de impotencia que nos invaden? Nos pasamos investigando durante meses para entregar a los representantes de la justicia los elementos suficientes para detener a estas personas. ¿Pero qué resulta? Encuentran la manera de maniobrar con habeas corpus, con beneficios penitenciarios de recorte de penas”, se queja uno de los policías con larga trayectoria en la investigación antinarcóticos. “Esto incide en que nuestra fuerza esté desmoralizada”, advierte.
Inteligencia mapeó 100 casos encontrados por la Policía, en los cuales hubo claros elementos de convicción, esto es, indicios de delitos relacionados con tráfico de drogas. Sin embargo, la justicia se inhibió de acusar. En 85 de los expedientes, se detectaron problemas con el fiscal o con el juez que conoció el expediente. Aquí revelamos algunos de ellos.
LIBERADOS
Wilmer Chavarría, “Pipo”, era cabecilla de Los Lobos. Nacido en 1985, estaba en la mira de las autoridades desde 2004. Desde entonces acumuló 11 causas. Detenido en Turi, la Cárcel Regional y la Penitenciaría de Guayaquil. Brindaba seguridad a José Luis Zambrano, “Rasquiña”, quien fue excarcelado a mediados de 2020. Un juez de Guayaquil le concedió el beneficio de la prelibertad. En 2021 se registró su defunción por infarto a causa del COVID-19. Ángel Esteban Aguilar, “Lobo Menor”, fue sentenciado a 20 años por asesinato. Un juez de Garantías Penitenciarias de Latacunga le concedió la prelibertad en enero de este año.
Antonio Benjamín Camacho, “Ben 10”, cabecilla de Los Chone Killers. Enfrentaba procesos por asociación ilícita, delincuencia organizada y asesinato. Cumplía sentencia de 25 años por asesinato. En septiembre de 2020 un juez de la Sala Penal revocó esa pena. En marzo de 2021 debió ser vinculado a una instrucción por delincuencia organizada. El juez declaró fallida esa audiencia porque la fiscal pidió diferimiento. El juez pidió cambio de fiscal. El nuevo responsable, Luis Machado, se abstuvo de acusar y el procesado obtuvo la libertad.
Terry Camacho Pacheco, “Trompudo Terry”, nacido en 1987 y considerado cabecilla de Los Chone Killers. Desde 2009 fue procesado por tentativa de asesinato. Fue trasladado siete veces entre prisiones, en la Penitenciaría lideró el Pabellón 2. Privado de la libertad en 2016, cumplía sentencia de 16 años. En 2021 salió de la cárcel de Turi gracias a un recurso de revisión favorable.
