El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, se pronunció este miércoles 5 de agosto sobre el avance de varias investigaciones de alto interés público. Entre ellas se refirió al caso Triple A, en el que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, es procesado por el presunto delito de comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.
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Durante una entrevista concedida a Teleamazonas, Alarcón aseguró que la causa ha cumplido con cada una de las etapas del proceso penal y sostuvo que las pruebas presentadas cuentan con la "solidez" necesaria para sustentar la acusación.
"El caso Triple A no está caído y no sucederá, porque ya pasamos la etapa preparatoria de juicio y las pruebas son contundentes", afirmó.
El fiscal encargado también rechazó que la investigación responda a una supuesta persecución política y enfatizó que la Fiscalía cuenta con suficientes pruebas y elementos de convicción para sostener la acusación ante el Tribunal.
Alarcón explicó que, durante la fase investigativa, la Fiscalía receptó la versión de la denunciante. Sin embargo, precisó que en la etapa de juicio no se solicitó nuevamente su comparecencia porque el expediente ya reunía otros elementos probatorios que respaldaban la teoría del caso.
Asimismo, señaló que el caso Triple A y el caso Goleada corresponden a investigaciones por delitos diferentes. El primero se relaciona con el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos, mientras que el segundo investiga un presunto delito de lavado de activos.
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Aquiles Alvarez, en espera de la sentencia
El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal de Juzgamiento que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de todas las partes procesales.
Con esta etapa finalizada, los jueces ingresaron a la fase de deliberación para emitir su sentencia.
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 61,5 millones.
Por ello, la Fiscalía solicitó al Tribunal que declare la culpabilidad de todos los procesados y les imponga la pena máxima prevista en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), además de aplicar las circunstancias agravantes que, a su criterio, concurren en el caso.
Asimismo, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi; el pago de una reparación integral al Estado; la imposición de las multas correspondientes y la ratificación de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes vinculados a la investigación.
Defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la acusación
Por su parte, la defensa del alcalde de Guayaquil asegura que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.
El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.
Asimismo, Cueva denunció este martes un supuesto "ensañamiento institucional" contra Alvarez al cuestionar la actuación de jueces, la Fiscalía y funcionarios del Gobierno en los procesos penales que enfrenta.
Un tribunal sentenció el lunes a Alvarez por no tener en su tobillo el grillete electrónico que se le había ordenado llevar como medida alternativa a la prisión preventiva, en el marco del caso 'Triple A'.
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