La jueza Ingrid Mera, en Manta, aceptó parcialmente una acción de protección presentada por una comisión ciudadana y ordenó suspender de manera definitiva las obras de ampliación del Patio 600 en los frentes intervenidos de la playa El Murciélago. La resolución, emitida el miércoles 18 de noviembre de 2026, también dispone la restauración ecológica del área afectada para proteger este ecosistema costero.
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En su fallo, la magistrada declaró que tanto el Terminal Portuario de Manta (TPM) como la Autoridad Portuaria de Manta (APM) vulneraron derechos constitucionales de la naturaleza. Tras revisar miles de fojas, peritajes e inspecciones técnicas, el juzgado concluyó que los trabajos de nivelación, compactación y rellenos alteraron las condiciones naturales de una zona clave donde se ha documentado la anidación de tortugas marinas.
El alcance del fallo y la reacción ambientalista
La sentencia establece que TPM deberá financiar la restauración ecológica de las áreas intervenidas. Por su parte, la Autoridad Portuaria tendrá la obligación de vigilar que se cumpla la prohibición y no podrá autorizar de forma unilateral la reanudación de las obras mediante trámites administrativos.
Tras conocerse el dictamen, organizaciones ambientales como Jóvenes por las Playas celebraron la medida en redes sociales, calificándola como un precedente clave para la defensa de la biodiversidad costera. El colectivo destacó que la resolución protege el hábitat de las tortugas marinas y reafirma que el desarrollo urbano y portuario no puede avanzar por encima de los ecosistemas locales.
¿De qué trata el proyecto y qué pasará tras la apelación?
El Patio 600 es un área destinada al almacenamiento y logística dentro del puerto. Su ampliación fue anunciada en agosto de 2026 sobre una superficie de tres hectáreas, con una inversión proyectada de 2,3 millones de dólares, aunque las obras ya se mantenían paralizadas de forma provisional desde septiembre.
Durante el proceso, la Autoridad Portuaria defendió la obra argumentando que buscaba ampliar la capacidad de manejo de carga y que contaba con registro ambiental y medidas de mitigación.
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De acuerdo con el abogado del colectivo ciudadano, la sentencia ya fue apelada, lo que abrirá una nueva etapa de revisión judicial. Mientras tanto, queda pendiente definir cómo se ejecutará y verificará en el terreno la recuperación ambiental de la playa.