La Fiscalía General del Estado procesó a diez personas por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico ilícito de drogas, tras una investigación que permitió identificar una supuesta estructura criminal dedicada a contaminar contenedores de exportación en el puerto de Posorja, en la provincia de Guayas.
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Mediante un comunicado difundido este miércoles 11 de noviembre de 2026, la institución informó que un juez especializado en corrupción y crimen organizado, con sede en Quito, ordenó prisión preventiva para los diez procesados.
Los sospechosos fueron detenidos durante un operativo simultáneo ejecutado la madrugada del martes 10 de noviembre en Guayaquil, Daule, Quito y San Vicente, como parte de una investigación iniciada en agosto de este año.
Durante los procedimientos se incautaron 32 municiones, 14 dispositivos móviles, tres vehículos y USD 3.000 en efectivo, entre otros indicios que fueron incorporados a la investigación.
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Según la institución, los detenidos habrían integrado una organización presuntamente dedicada a introducir cocaína en contenedores de carga que posteriormente eran enviados al extranjero desde las instalaciones portuarias de Posorja.
La Fiscalía identificó a los procesados mediante sus nombres e iniciales:
¿Cómo operaba la red que enviaba cocaína desde el puerto de Posorja?
La investigación comenzó en agosto de 2026, después de que la Unidad de Investigación de Puertos y Aeropuertos (UIPA) de la Policía Nacional remitiera un informe a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (UNIDOT-G).
El documento alertaba sobre la existencia de una presunta estructura criminal que utilizaba los puertos marítimos ecuatorianos para enviar sustancias ilícitas hacia distintos destinos internacionales.
De acuerdo con la Fiscalía, la organización operaba mediante la modalidad conocida como "gancho ciego", utilizada para contaminar contenedores destinados al comercio exterior.
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Las investigaciones apuntan a que el grupo aprovechaba las exportaciones realizadas desde el puerto DP World Posorja, ubicado en el cantón Playas, para introducir cargamentos de cocaína que tenían como destino países como Alemania y Nueva Zelanda.
Para ejecutar estas operaciones, los sospechosos presuntamente reclutaban a guardias de seguridad, técnicos y otros trabajadores vinculados con la cadena logística portuaria, con el objetivo de obtener información y facilitar el acceso a los contenedores.
Según la hipótesis fiscal, la droga era trasladada mediante camiones equipados con compartimentos ocultos, conocidos como caletas, desde los cuales se introducían las sustancias ilícitas en contenedores previamente seleccionados.
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