Dos personas recibieron prisión preventiva luego de que un operativo policial descubriera 25 armas de fuego y 5.592 municiones de distintos calibres dentro de una vivienda ubicada en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
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El procedimiento se desarrolló el pasado 17 de agosto de 2026 en la urbanización Ciudad Verde, después de que la Policía recibiera información sobre un presunto almacenamiento ilegal de armamento y municiones.
Los agentes allanaron el inmueble en el marco de las medidas contempladas en el Decreto Ejecutivo 472, que mantiene a Santo Domingo de los Tsáchilas entre las provincias bajo estado de excepción.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a Joselyn Dayana V. L. y Alfonso Rubén V. C., quienes fueron aprehendidos en flagrancia.
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En el área de la sala, los investigadores localizaron 25 armas de fuego, 5.592 municiones de diferentes calibres y tres teléfonos celulares, elementos que fueron levantados como evidencias para la investigación.
Fiscalía presentó pericias sobre las armas incautadas
Durante la audiencia realizada este 19 de agosto, la Fiscalía formuló cargos contra los dos detenidos por el presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego y solicitó que permanecieran privados de libertad mientras avanza el proceso.
Entre los elementos de convicción presentados constaron las versiones de los policías que participaron en la aprehensión, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el acta de evidencias y la pericia balística practicada al armamento encontrado.
Tras escuchar a las partes, la jueza a cargo de la causa acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión preventiva para ambos procesados.
Además, estableció un plazo de 30 días para la instrucción fiscal, debido a que la causa se inició mediante un procedimiento de flagrancia.
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Los sospechosos son procesados con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente al tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas.
De ser encontrados culpables, podrían enfrentar una pena de entre 16 y 19 años de privación de libertad.
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