El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que Ecuador pondrá en marcha operaciones conjuntas con Colombia para combatir a los grupos criminales que operan en la frontera, una vez que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia del vecino país el próximo 7 de agosto.
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"Por fin tendremos con quién trabajar en la lucha contra el crimen organizado. Estamos listos y las fuerzas están listas", afirmó el funcionario al referirse al cambio de gobierno en Colombia.
Según Reimberg, las acciones comenzarán desde el primer día del mandato del ultraderechista y estarán enfocadas en enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales que operan a ambos lados de la frontera.
El ministro reveló que ya se han realizado reuniones entre representantes del gobierno de Daniel Noboa y el equipo de De la Espriella para coordinar las estrategias de seguridad.
"Desde el primer día del mandato de Abelardo de la Espriella se iniciarán operaciones para combatir a los grupos criminales que operan en la frontera norte", sostuvo.
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De la Espriella promete una ofensiva contra las guerrillas
Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio pasados en una guerra comercial iniciada por el presidente Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a reforzar la vigilancia de la frontera, por considerar que el incremento de la violencia criminal es causada por el narcotráfico que opera desde el vecino país.
La guerra comercial, con aranceles que escalaron desde el 30 % hasta el 100 %, terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el ultraderechista Abelardo de la Espriella.
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Durante la campaña, el mandatario colombiano electo prometió poner fin a las negociaciones de paz con las disidencias de las FARC impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro y bombardear a las guerrillas dedicadas al narcotráfico.
Considera además que las sentencias del sistema de justicia transicional contra exguerrilleros son ligeras en comparación con las condenas a miembros de la fuerza pública procesados por ejecuciones extrajudiciales.