“Aguanté la violencia de mi esposo por mantener mi matrimonio y porque dependía económicamente de él. Nunca pensé que esa violencia iba a alcanzar a mi hija”. Es el testimonio de Elena (nombre protegido), quien encontró a su esposo abusando de su hija de seis años en la bañera. En julio se decidió a denunciarlo: un proceso por violencia de género u otro por violación a una menor.
La niña, quien cumplió siete años en noviembre pasado, apenas ha recibido dos terapias con una psicóloga de la Fiscalía del Guayas, pero su versión en la Cámara de Gesell, que sería una de las pruebas más relevantes en la investigación, recién se programó para la tercera semana de diciembre, es decir, casi seis meses después de ingresada la denuncia.
“Al menos, en la denuncia por mi hija algo hemos logrado, pero el proceso por maltrato de mi exesposo hacia a mí, no avanza. Tengo la primera sesión con una psicóloga en enero. Son seis meses perdidos y la investigación dura solo un año”, se lamenta Elena. La visita de una trabajadora social a su casa también está en trámite porque el personal de Fiscalía está saturado con estos casos.
El escenario para Elena se podría complicar si en la Fiscalía de Guayas avanza el proceso de desvinculación del personal técnico de la Unidad de Atención de Peritaje Integral (UAPI): psicólogos, médicos legistas, trabajadoras sociales y técnicos de la Cámara de Gesell. Las citas deberían reprogramarse con el nuevo personal.
“Si yo salgo, la persona que me reemplace deberá empezar de cero en el caso de la niña, preguntarle lo que pasó, lo que vivió. Eso es revictimizar a una menor de edad, haciéndole volver sobre el sufrimiento”, dice la psicóloga que lleva el caso de la hija de Elena; pidió guardar la reserva de su nombre por miedo a represalias. Y esto pasaría en los casi 4.000 pericias inconclusas en Guayas, que en su mayor parte son por violencia contra niños, niñas y adolescentes.
La institución lleva este proceso de separación por la figura de nombramiento provisional que tiene el personal de la UAPI, por el cual pueden ser removidos en cualquier momento. El abogado Hernán Ulloa, quien prepara una acción de protección a favor de los perjudicados, dice que hay personas que trabajan en Fiscalía hace tres años y que ya debían tener nombramiento definitivo. “¿Cuál es la necesidad de reemplazarlos?”, cuestiona.
Además, el proceso no tiene como objetivo un plan de austeridad puesto que serán reemplazados para enero. El fiscal de Guayas, Edmundo Briones, dice que eso es competencia de la planta central y que no puede intervenir. A través del departamento de comunicación de la Fiscalía General, la institución minimizó la medida y asegura que son procesos normales, no despidos masivos.
En un documento que los veinte afectados de la UAPI enviaron a la fiscal general Ruth Palacios, observan que este departamento en Guayas recibe un promedio mensual de 300 requerimientos de pericias psicológicas, médicas y de trabajo social, para cada uno de los siete psicólogos que laboran en esa área. Piden que no se separe al personal y que se busque la manera de contratar más para atender toda la demanda.
Elena espera que si se cambia al personal, esto no interfiera en sus denuncias. “Me ha costado mucho ir a hacer cola y estar llamando para que me den los turnos. No quiero que esto quede en la impunidad. Sigo no solo porque se haga justicia, sino también porque mi hija necesita las terapias y no tengo dinero para un psicólogo particular”.
Problema mayor
El 90 por ciento de abuso sexual contra menores ocurre al interior del hogar, según Unicef. En Ecuador, solo el 15 por ciento de estos casos es denunciado y apenas un 5,3 por ciento llega a sanción. Frente a un sistema que ofrece pocas respuestas, la prevención es el mejor camino para que los niños estén preparados y no caigan en manos de abusadores.
Fundación Azulado, que trabaja en temas de prevención desde hace siete años, diseñó una kit de autoprotección para los niños. Es una herramienta lúdica usada por profesores de las escuelas para detectar problemas de violencia intrafamiliar y abuso sexual.
“Por ejemplo, uno de los juegos les dice a los niños que ubiquen a las personas de confianza y, si por ejemplo, no esté el papá o la mamá en esa lista”, puede ser que algo esté ocurriendo”, explica María Soledad Andrade, parte del equipo de Azulado y quien se encarga de asistir a las escuelas.
La herramienta, denomina “Mi Escudo Escolar”, fue acompañada por un estudio científico con la Escuela de Medicina de Universidad San Francisco, que comprobó que el 89 por ciento de los niños en escuelas, sobre todo de la provincia de Pichincha, “revelaron un cambio en conductas de autoprotección”. Ahora saben cómo reaccionar ante el abuso y no quedarse callados.
“Son más de 25 mil niños a los que hemos llegado y 800 profesores capacitados. La idea es dotar a los más pequeños de una mochila llena de herramientas de autoprotección porque los padres no siempre vamos a estar ahí para cuidarlos”, dice, Paulina Ponce, directora ejecutiva de Azulado.
Ante el funcionamiento del kit de autoprotección, esta fundación acaba de diseñar “Mi Escudo Familiar”, otra herramienta que está dirigida a los padres para hablar de educación sexual a los niños. Varios psicólogos consultados coinciden en que los métodos lúdicos son la menos manera de educar y preparar los niños.
Elena nunca se percató de que su hija estaba siendo abusada por su propio progenitor. De haberlo prevenido no estaría atravesando el calvario de denuncia en las oficinas estatales, pero no quiere dejar su caso en la impunidad.
