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La orden que dio un juez de Garantías Penales para precautelar "la salud y vida" de Daniel Salcedo, ante las "amenazas externas"

viernes, 30 octubre 2020 - 04:06
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Investigado por presunto peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y fraude procesal, Daniel Salcedo Bonilla afirma que dentro de su celda en la cárcel de El Inca, en Quito, recibe "amenazas externas".

Ante este hecho, el juez de Garantías Penales, Reinaldo Cevallos, quien lleva la causa por peculado en contra de Salcedo, ha dispuesto en varias ocasiones el traslado del procesado a la cárcel 4 de Quito, lugar donde actualmente permanece Jacobo Bucaram, quien está en esa prisión desde hace un par de semanas.

Por lo que, en una de sus últimas providencias emitida el 27 de octubre de 2020, el magistrado hizo enfásis en su pedido.

"En cuanto a la constante insistencia de cambio de centro carcelario que viene efectuando el procesado Daniel Salcedo (...) se dispuso su inmediato traslado al Centro Carcelario Quito No. 4 del Cantón Quito", indica el documento.

Y agrega que, Salcedo Bonilla ha justificado encontrarse bajo amenazas externas, que han sido inclusive atendidas por otros entes públicos. En este sentido, el juez dispuso su inmediato traslado ya que se debe precautelar "la salud y vida del procesado".
 
Además el juez se refiere al  Director del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad ( SNAI), y señala que, el funcionario como  encargado de cumplir con lo ordenado, "se encuentra analizando la conveniencia de dicho traslado".
 
 
No obstante, Cevallos puntualiza que el director del SNAI "deberá cumplir con este madato judicial, tomando en consideración que la preservación de la salud y la vida del procesado, es primordial".
 
Y recordó que "jurídicamente cada estamento público cumple su rol específico, (...) así por ejemplo el Juez da garantías procesales a los sujetos judiciales; y la Dirección de los Centros de Privación de personas adultas en conflicto con la ley, en la parte ejecutiva del proceso penal es la encargada de la custodia".
 
La Fiscalía también formuló cargos en contra del procesado por el presunto delito de delincuencia organizada en la venta de insumos hospitalarios al Estado durante la emergencia por la COVID-19, en el proceso en el cual también aparecen Dalo Bucaram (exasambleísta); la esposa de este, Gabriela Pazmiño, y los hermanos Michel y Jacobo Bucaram.

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