Pleno debate juicio político contra 4 vocales del CPCCS
Carolina Farfán miércoles, 14 agosto 2019 - 07:08
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Desde la mañana de este miércoles 14 de agosto de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional analiza el juicio político contra José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y los miembros Victoria Desintonio, Walter Gómez y Rosa Chalá, propuesto por los asambleístas Fabricio Villamar, Jeannine Cruz y Raúl Tello.
El primero de los vocales en defenderse fue José Carlos Tuárez, quien manifestó que él participó como "ciudadano" y no como "fraile" en la elección del CPCCS.
“Ahora estoy con corbata para que no insulten a los pobres curas. Yo nunca usé sotana. Hay que diferenciar entre la camisa con cuellito blanco que se puede poner cualquier ser humano. Mucha gente lo suele utilizar. No es exclusivamente para sacerdotes. La sotana, sí. Ni en mi proceso de socialización, nunca he usado ni sotana ni habito. Solo el cuello, dijo el titular del CPCCS.
Según Tuárez, apenas se posesionó en el cargo hubo un "linchamiento mediático donde se podía decir cualquier barbaridad. Hasta se metieron con mis perros, que no se les da de comer. También, con mi patrimonio, que no es real".
Algunos incidentes se registraron durante la intervención de los asambleístas proponentes del juicio político, por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana.
La Bancada de la Revolución Ciudadana rechaza la persecución política a representantes democráticamente electos con el único fin de cambiar una mayoría incómoda, en el #Cpccs, para el Gobierno. #DictaduraEnEcuador pic.twitter.com/5dA3eoDydG
— Bancada Revolución Ciudadana (@BancadaRC) August 14, 2019
Durante la interpelación, el legislador Raúl Tello resaltó que la mayoría del CPCCS actuó de manera dolosa, desconociendo decisión legítima de autoridad competente.
El informe final, elaborado por la Comisión de Fiscalización, recomendó al Pleno de la Asamblea proceder con el juicio en contra de los cuatro integrantes del Cpccs, antes mencionados. De acuerdo con las conclusiones, la mesa estableció que existieron indicios de que José Tuárez habría incurrido en la falsificación de documentos, perjurio y falso testimonio, con el objetivo de cumplir con los requisitos exigidos para ser consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Por ello, el expediente de la sustanciación del juicio político en su contra se remitirá a la Fiscalía General del Estado.
Además, habría incurrido en la prohibición legal establecida en el artículo 21, numeral 10 de la Ley del Cpccs, que no permite a representantes de cultos religiosos postularse como candidatos, ser designados ni desempeñarse como consejeros y, sobre todo, por estar cuestionada su probidad para cumplir sus funciones. Este expediente será entregado a la Contraloría General de Estado para que audite el proceso de selección y elección de los miembros del Cpccs.
El documento elaborado por la Comisión detalla que el titular del Consejo de Participación Ciudadana y los tres vocales incumplieron con varios de los artículos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, Ley Orgánica del Cpccs, así como la sentencia dictada por la Corte Constitucional al conformar la Comisión para la revisión del proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional ejecutado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
SEGUNDO PROCESO DE JUICIO POLÍTICO PODRÍA ARCHIVARSE
En el caso del segundo proceso de juicio político, la Comisión de Fiscalización analiza el informe en contra de Tuárez, Desintonio, Gómez y Chalá, presentado por el asambleísta Raúl Tello, en representación de la Mesa de Participación Ciudadana.
Johanna Cedeño, titular de la Comisión, explicó que este nuevo proceso en contra de los cuatro miembros del Cpccs debe cumplirse a cabalidad con los plazos establecidos y, a pesar de que el Pleno de la Asamblea Nacional resolviera el día miércoles por la censura y destitución, el organismo legislativo deberá adoptar una decisión al respecto.
En caso que ya no estén en funciones, lo que correspondería es el archivo de esta causa, no porque no existan causales, sino porque ya no ejercen su función, explicó.
Recordó que este nuevo proceso presentado por el legislador Tello tiene dos motivos adicionales que no estuvieron contemplados dentro del primer proceso: proselitismo político, y la negativa de entregar información a la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, desconociendo así la facultad fiscalizadora que tiene la Asamblea.
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