Ministro del Interior deberá ir cada mes a la Asamblea para informar acciones contra la violencia
Con 94 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió que el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comparezca de manera mensual ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral para que informe con estadísticas el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica.
De acuerdo con la resolución, también deberá remitir, de manera trimestral, a la mesa legislativa la ejecución de los montos presupuestados para seguridad ciudadana.
Además, en la resolución del Pleno se advirtió que la situación de inseguridad que vive el país es una amenaza para el Estado y la paz social y que los órganos pertinentes tienen la obligación de precautelar la seguridad de la ciudadanía, de conformidad a lo dispuesto en la Constitución de la República.
El ministro del Interior compareció, este miércoles 18 de mayo, ante el Legislativo para informar las acciones emprendidas para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes violentas en todo el territorio nacional.
Aseguró que se prevé el ingreso de 30 mil nuevos policías en los próximos tres años y que el Ejecutivo ha definido a la seguridad ciudadana como una política central y prioritaria basada en tres ejes: seguridad ciudadana con énfasis en la prevención del delito y la violencia; combate al crimen organizado transnacional y sus delitos conexos; y, el restablecimiento de un sistema penitenciario que garantice la rehabilitación social de las personas y su reinserción a la sociedad.
El Gobierno destinará una inversión de $ 1.200 millones en seguridad hasta el año 2025, añadió.
En el debate los asambleístas Alexandra Arce y Blasco Luna exhortaron al Ejecutivo a implementar políticas públicas integrales enfocadas en disminuir la violencia y evitar que los niños y jóvenes caigan en manos de la delincuencia. Paola Cabezas advirtió que la reducción presupuestaria en salud, educación y seguridad ahondan esta problemática social. Viviana Veloz indicó que la crisis de seguridad y penitenciaria es consecuencia del debilitamiento institucional, el hacinamiento y la falta de programas de rehabilitación.
Geraldine Weber cuestionó la falta de voluntad política para activar protocolos efectivos de rehabilitación y prevención de la delincuencia. Jessica Castillo señaló la necesidad de capacitar de manera permanente a los policías para combatir efectivamente a la delincuencia.
Ante las amenazas de organizaciones delictivas, el legislador Fernando Villavicencio subrayó la urgencia de dar tratamiento al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. “La Asamblea no se va a someter a lo que dicen las bandas criminales”, enfatizó.
