María Josefa Coronel: "La cotidianeidad es la trampa para la violencia contra la mujer."
Ecuador tiene deudas en materia de Derechos Humanos. Matanza en las cárceles, la garantía del derechos a aborto por violación que todavía se debate, así como los casos irresueltos de femicidio y sus huérfanos. Vistazo conversó con la directora provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura (CJ), María Josefa Coronel sobre estos temas.
Hoy se celebra el Día de los Derechos Humanos. ¿Considera que la Justicia ecuatoriana aún falla en la defensa de derechos?
Acceso a la Justicia, por ejemplo, no solamente es que el ciudadano acceda a un despacho judicial, a una unidad jurisdiccional. Usted dirá, obvio, pero no es tan obvio cuando, por ponerle un ejemplo, en la provincia del Guayas, temas tributarios solamente existen tribunales en Guayaquil, ni siquiera en otras provincias del Litoral. Entonces nos preguntamos si efectivamente tenemos recursos suficientes para poder, en la parte geográfica, decir que tenemos un completo acceso a la Justicia.
Pero le pongo un ejemplo positivo, el diseño y funcionamiento de unidades jurisdiccionales dedicadas exclusivamente a la violencia contra la mujer. ¿Por qué es un ejemplo positivo? Porque el acceso a la Justicia en casos de violencia contra la mujer debe ser un acceso, en primer lugar, geográfico; en segundo lugar, con la capacidad suficiente de que en un solo lugar pueda tener la víctima toda la representación del poder estatal como: Fiscalía, el juez, la Policía y un equipo técnico de trabajadora social, psicólogo y médico que pueda valorar la situación para que cuando llegue a manos del juez pueda sancionar el hecho que se demanda.
Hablando justamente de los derechos de las mujeres, existe una campaña del Gobierno para erradicar la violencia contra la mujer, ¿considera que este era el empujón que requería la Ley de Erradicación de la Violencia de la Mujer para finalmente corregir algo o hace falta más que eso?
Falta más. Simplemente con instrumentos internacionales relativos a la lucha y a la campaña, la suscripción de tratados internacionales contra la violencia a la mujer debería ser más que suficiente, porque tienen una obligación esas normas de ser aplicadas de manera directa. Es decir, que no tengo que preguntarle a la sociedad, ni siquiera a la parte afectada, si quiere que le aplique la Ley. Entonces, al país le falta una cultura de no violencia contra la mujer.
¿Cómo se llega hacia esta cultura?
Con las pequeñas cosas. La cotidianeidad es la trampa para la violencia contra la mujer. El dejar pasar la broma del compañero, la gente se asusta cuando hay un acoso sexual de un jefe contra una subalterna, nadie quiere denunciar porque tiene miedo. Entonces, es irónico ver cómo ciertas personas se rasgan las vestiduras diciendo que son abanderados de la lucha contra la mujer, pero a la hora de pararse a defender a su compañera, a su amiga, no lo hacen. Podemos decir que hay una desesperanza e indiferencia que es más grave que la ausencia de una Ley porque perpetúa la violencia en todos los niveles.
En el caso de femicidios, en el Decreto Ejecutivo 696 se establece que para acceder a los bonos de la orfandad debe existir una sentencia ejecutoriada por femicidio. Sin embargo, según datos de la Judicatura, aproximadamente el 50 % de estos casos no la tienen, ¿qué pasa entonces con el acceso a condiciones mínimas de bienestar que permitan cubrir las necesidades más urgentes de los huérfanos?
El tema de bonos es un asunto de la Función Ejecutiva. Los femicidios son, como cualquier otro delito. Sin embargo, este es un delito especializado, es decir que merece y exige muchísima capacitación para poder avanzar. (...) Entonces, lo que pase después con esa sentencia, demora o no demora para la consecución de ese alivio económico pertenece a la función Ejecutiva, el Estado que también tiene burocracia y problemas.
Pero es preocupante que casi la mitad de estos casos no tienen sentencia ejecutoriada
Una sentencia ejecutoriada es el final del proceso y este no avanza por varias razones: porque la parte lo abandonó, la Fiscalía no puso todas las pruebas, la audiencia fue fallida. Entonces, si yo le doy una respuesta generalizada estaría incurriendo en una verdad compleja que conozco y la mayoría de los abogados conocen: llegar a una sentencia ejecutoriada es agotar una cantidad de pasos que no está exclusivamente en las manos del juez.
¿Cómo se muestra el femicidio a diferencia de un asesinato? Es complicado para los jueces y fiscales que no tienen clara la diferencia. El fiscal tiene que convencer al juez de que ese cadáver que está ahí es el producto de un femicidio y no de un crimen ordinario y tiene que convencerlo al juez que ‘Juanito Pérez’ es culpable. Entonces, así como la Fiscalía puede fallar, el juez también puede fallar en la demora y los abogados de libre ejercicio que patrocinan las partes también.
Entonces, ¿cómo agilizar este proceso?
Hay una forma de agilizarlo: la especialidad. Habría que preguntarle a la Fiscalía provincial, por ejemplo, cuántos fiscales tiene especializados. Hemos tenido una reunión con ellos, y hemos acordado que sus fiscales no van a ser cambiados. Me explico cómo: hay un principio general de todo servidor judicial incluidos fiscales y jueces para efectos de turnos y atención al público fuera del horario normal que indica que roten. Si bien se ha ido aplicando ese principio, hemos tenido turnos en los que el Fiscal que aparece es de tránsito y claro, oh sorpresa, vemos que no es un fiscal especializado. Las respuestas son: no tenemos suficientes fiscales, no tenemos suficientes jueces capacitados.
Cambiando un poco de tema, a propósito del debate que hubo el jueves en la Asamblea respecto al aborto, varios colectivos consideran que, pese a las numerosas recomendaciones internacionales de comités de derechos humanos sobre la despenalización del aborto por violación, en Ecuador ha sido difícil construir este camino de derechos debido a la existencia de estereotipos de género, ¿qué piensa, cree que hay otras trabas?
La traba más grande es la religión. La sociedad ecuatoriana, a veces es religiosa y a veces moralista y traslada esos argumentos a un plano real y a un plano de salud pública. Yo soy cristiana y cuando puedo y deseo tengo manifestaciones públicas de consciencia, lo que se llama en Derechos Humanos la libertad de consciencia. Y puede sonar paradójico, pero es imposible, desde mi fe, que no es lo mismo desde un cargo público, que una persona sea víctima dos veces. No pudiera entender desde una fe cristiana cómo una niña violada, tenga que soportar la marca del ultraje toda su vida y, a más de eso, estar en la cárcel. Esa es mi opinión particular.
Pese a que la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual el pasado 28 de abril, ¿la Justicia garantiza el acceso real y sin revictimización al aborto por violación?
El juez no hace justicia. El juez aplica una ley que, desde el cerebro y la voluntad, y desde el espíritu de un legislador pensó convencido que, al escribirla, iba a obtener la justicia.
¿Cómo ve el debate que se realizará el jueves sobre este tema?
Yo no sé si los legisladores sean lo suficientemente especializados para tratar el tema. Más bien, le respondo con una pregunta, no es ironía tampoco, pero no sé cuántos saben. No he tenido la oportunidad de verlos en exposiciones de conocimiento en este tema que es tan especializado, lo desconozco.
Pasemos al tema de las cárceles. Uno de los casos de vulneración de derechos en Ecuador es el estallido en cárceles que ha dejado centenas de muertes, ¿cuáles han sido las acciones del Consejo de la Judicatura del Guayas para menguar esta situación?
Nosotros teníamos 5 juzgados de Garantías Penitenciarias en la provincia del Guayas, en este momento tenemos 12. Con esto hemos hecho, además, un re-sorteo de causas rezagadas que más o menos eran unas 3 mil y pico, casi 4 mil y se las repartimos a varios jueces de otras especialidades para poder salir de las causas atrasadas.
¿Cuántas causas rezagadas tienen ahora?
Estamos haciendo un cálculo por mes. Justamente, para esta quincena vamos a tener el primer informe. Podemos decir que hemos elevado nuestra capacidad de emisión de boletas de excarcelación altísimas, es una cosa bárbara la diferencia.
Este tema de boletas de excarcelación, ¿por qué estaba rezagado?
Esto funciona así: los jueces de Garantías Penitenciarias, previa a la emisión de una boleta de excarcelación, requieren algunos elementos, el más importante es la notificación por parte del SNAI (Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad) que indica que esa persona tiene una buena conducta, no ha fallado a los talleres, que merece seguir cumpliendo su condena fuera de la cárcel. ¿Cuánto demora este informe? Tres cuatro, cinco meses, incluso hay momentos en el que el informe ingresa y el preso ya cumplió su condena total.
La decisión y confirmación de que se cumplió el 60 % de la condena, tener buena conducta, estar apto para salir la dicta el SNAI no el juez, el juez solo emite la boleta y, en algunos casos, hace ciertas audiencias. En los casos en los que se dan las audiencias a más de haber esperado meses por el informe se cae la señal porque el SNAI no tiene Internet o es de muy mala calidad, entre que se cae y vuelve a ponerse se hacen las 5 de la tarde y, de repente, el preso no tiene como conectarse porque los empleados salen a las 5 de la tarde; y no hay nadie que los conecte.
¿Estas falencias han mejorado en los últimos meses entendiendo la urgencia que merece la crisis carcelaria?
No hemos llegado a la perfección, pero yo creo que el presidente de la República, de manera personal, lo hemos visto en las mesas, ha sido muy exigente con el SNAI. El resultado es que ha mejorado. No al nivel que debe ser, pero ha mejorado.
¿Cuántos informes han enviado como Consejo de la Judicatura para poner en conocimiento estos problemas?
Me acuerdo que antes de la crisis eran 40 y ahora pasaron a ser 100. Más allá de cualquier mediocridad y corrupción de los jueces, porque hay que decir las cosas como son, ellos no pueden iniciar nada sin el informe del SNAI. No se puede.
Hablando de la corrupción y mediocridad de los jueces, ¿cuál es la vía para corregir desde dentro la Justicia?
En primer lugar, tener un equipo de jueces que sean capaces de denunciar a sus compañeros. También quisiéramos tener abogados que no sean corruptos. Y que las autoridades no tengan miedo, porque hay autoridades que tienen miedo a separar de las funciones o castigar a alguien corrupto. Esa es la verdad.
HOJA DE VIDA
María Josefa Coronel es master en Derecho Administrativo y tiene un diplomado en Derechos Humanos. Desde el 9 de septiembre del 2021 ocupa el cargo de Directora Provincial del Guayas en el área administrativa, del Consejo de la Judicatura.
Ha emprendido una campaña sobre cómo denunciar la violencia de género en el sistema judicial, dónde hacerlo, qué exigir y así romper el silencio. Durante la reciente crisis carcelaria, tomó acciones para poder hacerle frente al hacinamiento, reasignando 52 jueces para atender casos de garantías penitenciarias, además de la designación de 7 nuevos jueces especializados en el tema.
