Amnesia legislativa: perdón sin olvido
Pachakutik y el correísmo votaron juntos en la trasnochada sesión legislativa. El tema de las amnistías abrió las puertas de la impunidad frente a hechos complejos, como los de octubre de 2019, bajo el argumento de que fueron delitos políticos. Hay otros puntos comunes en la agenda de los nuevos aliados, como derrumbar la Ley que creó la reforma tributaria, poniendo en aprietos al Fisco. Por eso, es imposible descartar la muerte cruzada.
Es una herida abierta. En la memoria nacional no cicatrizan los recuerdos de octubre de 2019: 11 días de protestas que derivaron en jornadas de terror, sangre, muerte, destrucción...
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. La Asamblea Nacional pretendió abrir la puerta a la reconciliación, al iniciar un proceso de amnistías a dirigentes comunitarios, defensores de la naturaleza y líderes investigados penalmente por aplicar justicia indígena en sus territorios. En el mismo combo entraron más de 60 personas que enfrentaban procesos penales por los hechos violentos de octubre de 2019.
Tras una sesión maratónica, con 99 votos del Legislativo, se aprobaron amnistías para 268 personas. La votación de respaldo provino inclusive del sector de aliados de CREO, la bancada de BAN, lo que hizo sospechar que la cohesión del grupo oficialista en el Pleno tambaleaba. La sesión mostró la fractura en la ID: ocho de los 15 asambleístas se abstuvieron y siete la apoyaron. Pachakutik, promotor de la iniciativa, y correístas coincidieron en la votación. Ambos eran los principales favorecidos. Los socialcristianos no respaldaron la iniciativa.
¿Cuál fue el punto de quiebre? La percepción de que el perdón oficial debió discutirse, caso por caso, en lugar de beneficiar a todos por igual. Y la sensación de que si el objetivo final era la reconciliación, los uniformados que están procesados penalmente por posible exceso en el uso de la fuerza, durante esas protestas, debieron ser igualmente perdonados.
La amnistía es el perdón a procesados por delitos políticos. ¿La paradoja? La legislación nacional no describe cuál es este tipo de delitos.
Los dirigentes indígenas Leonidas Iza y Jaime Vargas; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y el parlamentario andino Virgilio Hernández son algunos de los amnistiados. Todos ellos mantenían investigaciones abiertas por los hechos de octubre.
Leonidas Iza venía enfrentando cinco procesos, en fase de investigación previa. La amnistía también borró un expediente por tráfico de tierras y ocupación ilegal del suelo, en Cotopaxi, la provincia donde nació.
Durante su comparecencia ante la Comisión Legislativa de Garantías Constitucionales que elaboró el informe, Iza admitió la “Existencia de grupos infiltrados para generar el contexto de violencia, que erróneamente fue atribuido a los miembros del movimiento indígena”. “Estos grupos estuvieron conformados incluso por policías y militares que actuaron como civiles”, denunció, aunque no exhibió prueba alguna sobre su grave acusación.
Jaime Vargas también afrontaba cinco investigaciones previas. El informe de 403 páginas establece que “Las acciones ocurridas durante el paro nacional se enmarcan en lo establecido en el artículo 98 de la Constitución, (esto es) el derecho a la resistencia”. No menciona nada de las personas secuestradas durante horas en la Casa de la Cultura, por una orden directa suya.
Perdón, no para todos
Felipe Rodríguez, abogado penalista, relató a Vistazo, que recibió llamadas de varios policías a quienes defiende por posible exceso de fuerza durante esas protestas. “Me llamaron a decir: ‘Al fin hay paz, es un perdón para la conciliación’ y me tocó contarles que la paz se firmó para los que incendiaron; que quienes lanzaron bombas molotov han sido perdonados, pero quienes intentaban controlar siguen procesados”.
Rodríguez explica que “Desde el campo jurídico, en el marco de una protesta violenta existe algo que se llama ‘autopuesta en peligro’. De otra parte, los policías pueden lanzar bombas lacrimógenas porque tienen el monopolio legítimo de la fuerza, como representantes del Estado, pero no pueden excederse en el uso de la fuerza”.
Una de las personas que perdió la vida durante las jornadas violentas recibió en la cabeza el impacto de una munición proveniente de un arma no letal. Es casi imposible determinar el responsable. Esto, dice Rodríguez, generó una cacería de brujas entre los uniformados.
El general de la Policía en servicio pasivo, Patricio Carrillo, fue director general de Operaciones durante esos eventos. Confirma a Vistazo que los policías investigados asumen su defensa en forma personal. La Asamblea debería tramitar amnistías para los uniformados bajo investigación, “Eso es lo justo, es lo mínimo para justificar la reconciliación social”.
Diego Ordóñez fue electo como asambleísta por CREO para el período 2021- 2025, pero renunció a su curul en medio de críticas porque este legislativo defiende agendas particulares. En el caso del correísmo, insiste, la agenda es la impunidad y la captación del Consejo de Participación Ciudadana, ente que nombra a los representantes de los organismos de control: Fiscalía, Contraloría, Consejo de la Judicatura... Ahora, como consejero presidencial, Ordóñez fustigó las amnistías en paquete. Los líderes correístas entraron, como en caballo de Troya, en la lista de los perdonados. “El que tuvo padrino en la Asamblea consiguió el beneficio del perdón”.
Panorama incierto
“Hay que leer este hecho desde varios filtros, uno de ellos es el electoral”, advierte el analista y estratega político Pedro Donoso, director ejecutivo del gabinete de comunicación ICARE. Desde esta perspectiva, Pachakutik -uno de los ganadores de las seccionales de 2019, porque logró cuatro prefecturas y 14 alcaldías- impulsó la agenda de las amnistías. Varios de los exculpados podrán ser candidatos en los comicios de 2023. Los hechos de octubre de 2019 no fueron analizados en profundidad, lo cual permitió que se posicionara un discurso binario, en la lógica de buenos y malos. “Octubre de 2019 es un punto de inflexión en la historia reciente. El debate social no puede ser simplificado en dos bandos, por eso octubre sigue en disputa, como objeto de resignificación, cada quien busca posicionar su propia narrativa”. ¿Romperá esta votación el frágil escenario de gobernabilidad que vive el país? Ahora que Pachakutik votó junto con el correísmo a favor de este informe, no es raro que aparezcan otros puntos de coincidencia en su agenda. Desbaratar la Ley económica que estableció la reforma tributaria es uno de ellos.
Por eso, la muerte cruzada es el escenario que se analiza por estos días. Para el Ejecutivo, la incertidumbre de las mayorías móviles dificulta el panorama. Simón Espinosa Cordero, periodista de fuste con la experiencia de sus 95 años de vida, advierte que no hay otra salida. El riesgo de no hacerlo sería, a su juicio, que la Asamblea termine por desestabilizar al Gobierno o que éste termine como rehén de los caprichos de los asambleístas, a cambio de los votos necesarios para aprobar leyes urgentes, como la laboral, o para asegurar que otras no sean anuladas, como la que creó la reforma tributaria.
