Abdalá Bucaram quiere ser candidato para la Alcaldía de Guayaquil en las próximas elecciones seccionales
La tarde del pasado sábado 25 de mayo en Guayaquil, se realizó una convención nacional del desaparecido Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), que luego fue reemplazado por Fuerza Ecuador (FE) también anulado, para hablar sobre su futuro en la política ecuatoriana.
Autoridades de esa organización habrían pedido a Abdalá Bucaram que sea candidato a la presidencia en los comicios del 2025, pero dijo que no podría "por las circunstancias" que lo aquejan y más bien apuntó a la Alcaldía de Guayaquil.
Así lo expuso en un mensaje de la red social X, donde el exmandatario escribió: “Me postularon para presidente para el 2025 pero no acepté solo dije que lo pensaría, pero si acepté la alcaldía para el año 2027 si Dios lo permite”.
En esa misma red social, Ricardo Noboa, abogado y político ecuatoriano, le escribió a Bucaram que su época ya pasó y que debe haber un relevo generacional.
A lo que el expresidente contestó que “un hombre está acabado políticamente cuando sus recuerdos pesan más que sus sueños”.
“Cuando hablo de política aún mi corazón explota de sentimientos”, recalcó Abdalá Bucaram.
Actualmente, el exmandatario y su hijo Jacobo enfrentan un proceso por presunta delincuencia organizada en el denominado caso ‘Pruebas Covid-19 Agentes AMT’, en el que se investiga irregularidades en la comercialización de insumos médicos durante la pandemia.
Según la investigación de Fiscalía, se habría conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas de diagnóstico de Covid-19 hasta Guayaquil.
Estos hechos habrían ocurrido en Pichincha, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas, lugares donde esta estructura organizada –conformada por funcionarios públicos y ciudadanos particulares–, de forma planificada, habrían dirigido la comisión de actividades ilícitas para comercializar pruebas para detectar Covid-19 e insumos médicos, sin facturas y sin pagar impuestos al Estado ecuatoriano.
Sin embargo, aún no se concreta la audiencia de juzgamiento. El pasado febrero se declaró fallida. Fue la sexta ocasión que se difiere la diligencia.
