El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló este martes 13 de octubre para conocer el informe de sustanciación del juicio político contra David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones.
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La Comisión de Fiscalización recomendó que el funcionario sea censurado, al considerar que existe mérito a partir de las pruebas de cargo y descargo.
La solicitud fue presentada por el asambleísta Sergio Peña (alineado a ADN). Según el informe, Rosero habría incurrido en una prohibición establecida en la Ley Orgánica del CPCCS al intervenir en asuntos en los que existiría un conflicto de intereses con sus funciones.
Rosero habría mantenido contactos con una postulante a fiscal
La Comisión concluyó que Rosero habría incurrido en una prohibición establecida en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LOCPCCS), al actuar en asuntos en los que existiría conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones.
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De acuerdo con la mesa legislativa, se evidenció que Rosero mantenía interacciones no transparentadas con la postulante Inés Maritza Romero Estévez, mientras, de forma paralela, ejercía su facultad decisoria en el Pleno del CPCCS, mediante la votación para la aprobación de reglamentos, la designación de delegados al equipo técnico y su participación en sesiones definitivas para el avance de las fases de admisibilidad y méritos.
Según el informe, la actuación del consejero "vulneró de forma directa la función general contemplada la LOCPCCS", en concordancia con los principios rectores de independencia y transparencia establecidos en el artículo 3 de la Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía General del Estado.
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A criterio de la mesa legislativa, estos hechos afectaron la independencia, imparcialidad y confianza pública que la Constitución y la ley exigen para el ejercicio del cargo de consejero del CPCCS.
La Comisión subrayó, además, que el funcionario cuestionado y su defensa técnica contaron con los plazos, garantías e iguales oportunidades procedimentales para presentar pruebas de descargo, así como para rebatir, contradecir y formular alegaciones respecto de las pruebas de cargo anunciadas, incorporadas y actuadas.
Rosero niega reunión y pide evidencias
Durante su intervención ante el Pleno, Rosero rechazó las acusaciones de incumplimiento de funciones y supuesto conflicto de intereses. Negó haberse reunido con Romero y aseguró que, en la fecha de la supuesta reunión, se encontraba en Guayaquil.
El consejero pidió que se presenten evidencias verificables y que se precise la fecha, el lugar y la hora en que se habría tomado la fotografía que sustenta la acusación.
Rosero afirmó que las imágenes no tienen trazabilidad, metadatos ni cadena de custodia y sostuvo que podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.
“Supuestas fotografías sin origen, sin cadena de custodia, sin trazabilidad y sin metadatos sean utilizadas sin pruebas verificables de una reunión, una fecha, una hora, un lugar, una supuesta conversación o propósito y, finalmente, un conflicto de intereses, que es lo que motiva ese desproporcionado juicio político”, manifestó.
El partido oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que respaldará la censura y que cuenta con los votos necesarios para la destitución del consejero. Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana, en cambio, adelantó que se abstendrá en la votación.
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