La audiencia preparatoria de juicio del denominado caso Goleada fue declarada fallida la mañana de este miércoles 5 de agosto, luego de que no compareciera la defensa de Andrés Viteri Henriques, primo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien también figura entre los procesados por presunto lavado de activos.
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La diligencia debía desarrollarse alrededor de las 09:00, pero el juez a cargo resolvió suspenderla, imponer una multa al defensor y disponer que las partes sean notificadas posteriormente con una nueva fecha para la continuación del proceso.
El caso Goleada es impulsado por la Fiscalía General del Estado, que investiga un supuesto entramado empresarial diseñado para evadir los controles del Sistema Financiero Nacional.
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De acuerdo con la teoría fiscal, Aquiles Alvarez, junto con sus hermanos Antonio Alvarez y Xavier Alvarez, además de otras personas procesadas, habría utilizado empresas vinculadas a la comercialización de combustibles para adquirir grandes volúmenes de diésel subsidiado destinado, por ley, a embarcaciones de bandera nacional.
¿Cómo se habría desviado el combustible?
Según la investigación, ese combustible habría sido desviado hacia embarcaciones internacionales y las ganancias obtenidas se habrían canalizado mediante empresas constituidas en Panamá, a través de obligaciones simuladas, ingresos omitidos y gastos aparentes, con el propósito de ocultar el origen de los recursos y obtener beneficios económicos indebidos.
La Fiscalía sostiene que el perjuicio al Estado se habría producido por la reventa del diésel subsidiado a precios del mercado internacional.
Aquiles Alvarez permanece privado de libertad desde febrero de este año, cuando fue detenido en su vivienda, ubicada en Samborondón, dentro de esta investigación. Inicialmente fue trasladado al centro penitenciario de Latacunga y posteriormente a la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.
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El pasado 3 de agosto, además, el alcalde fue condenado a tres años de prisión en una causa distinta, conocida como caso Grillete, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, luego de que un tribunal concluyera que manipuló el dispositivo de vigilancia electrónica que debía portar como medida cautelar dentro del caso Triple A, proceso que también continúa en etapa de juicio.
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