El fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón, defendió la actuación de la Fiscalía en el proceso que derivó en la suspensión provisional del Movimiento AMIGO, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) acogiera un pedido basado en una investigación previa por presunto lavado de activos.
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El funcionario sostuvo en una entrevista con Radio Sucesos que el Ministerio Público se limitó a cumplir con una obligación prevista en el Código de la Democracia y que la decisión final fue adoptada por el organismo electoral.
Alarcón explicó que la Unidad de Antilavado de Activos de la Fiscalía le informó sobre el inicio de una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos que involucraría al movimiento político y a sus dirigentes.
Según indicó, tras conocer ese informe, actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia, que establece que el fiscal general debe comunicar al TCE cuando una organización política sea investigada por ese delito. De no hacerlo, advirtió, habría incurrido en una omisión.
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Alarcón rechaza cuestionamientos y niega responder al Gobierno
El TCE resolvió suspender provisionalmente al Movimiento AMIGO por un plazo de nueve meses. La medida fue posteriormente acatada y oficializada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 20 de julio.
La decisión cobra mayor relevancia debido a que Movimiento AMIGO tenía previsto fungir como plataforma electoral para candidatos de la Revolución Ciudadana, luego de que esa organización fuera suspendida en marzo de este año dentro del denominado caso Caja Chica y buscara alianzas para sus postulantes.
Entre las figuras que se vieron afectadas por la medida figura el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien ha manifestado su intención de buscar la reelección en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026 y había aceptado ser auspiciado por AMIGO.
En esa jornada electoral se elegirán miles de autoridades locales, entre ellas más de 200 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y los siete consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
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Durante la entrevista, Alarcón también respondió a las críticas que, según dijo, ha recibido en redes sociales, incluidas las emitidas por el expresidente Rafael Correa.
Asimismo, rechazó que la Fiscalía actúe por instrucciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa.
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