Con 83 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización sobre las actuaciones institucionales y administrativas "irregulares" en la compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito.
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El asambleísta ponente Xavier Ordóñez (ADN) dijo que durante el proceso de fiscalización se habrían identificado presuntas irregularidades en el esquema de contratación, en el que se habría recurrido a la intermediación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para ejecutar la adquisición fuera del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Según indicó, este mecanismo habría generado el pago de comisiones administrativas y posibles inconsistencias en los aportes y responsabilidades del convenio.
Señaló además que este esquema se habría replicado en otros procesos de contratación pública, motivo por el cual anunció la continuidad de las acciones de fiscalización ante las autoridades competentes.
¿Qué dice el informe sobre los trolebuses?
El informe, elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, concluyó que el Memorándum de Acuerdo suscrito entre la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) operó como "una estructura de ejecución que trasladó a un tercero funciones sustantivas del proceso de adquisición de las unidades".
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De acuerdo con el documento, este esquema habría desplazado el régimen ordinario de contratación pública, "afectando principios como la concurrencia, transparencia, trazabilidad y control sobre el uso de recursos públicos".
Asimismo, se determinó que la suscripción del Memorándum de Acuerdo se realizó sin la autorización previa del Directorio de la EPMTPQ, pese a comprometerse más de USD 32 millones de recursos propios de la empresa.
El informe también deja constancia de que el Directorio era presidido por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien suscribió el Memorando de Entendimiento que antecedió a la estructuración del acuerdo con UNOPS.
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Entre los hallazgos, se establece que la operación no habría sido económicamente neutra para la empresa pública, debido a la incorporación de costos de implementación, costos indirectos y otras cargas asociadas al mecanismo utilizado.
Informe es remitido a Contraloría y Fiscalía
Desde una perspectiva jurídica, el informe sostiene que el proceso se habría desarrollado al margen del régimen previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, al haberse financiado íntegramente con recursos de la EPMTPQ, sin aportes de financiamiento por parte de UNOPS que justifiquen un régimen excepcional.
Adicionalmente, la comisión dejó constancia de la falta de comparecencia del alcalde de Quito y del gerente general de la EPMTPQ, pese a haber sido convocados, así como la falta de entrega oportuna de información.
El informe también advierte sobre los riesgos de utilizar mecanismos de cooperación internacional que puedan debilitar los controles, la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
Como parte de las recomendaciones, se dispuso que la Secretaría General de la Asamblea Nacional remita el informe al Concejo Metropolitano de Quito para el ejercicio de sus competencias de fiscalización; a la Contraloría General del Estado para la profundización de acciones de control; a la Fiscalía General del Estado para el análisis de los hallazgos en el marco de las investigaciones correspondientes; y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para su remisión, por vía diplomática, a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas.
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