La excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, confirmó este lunes su intención de postularse a la Prefectura de Manabí en las elecciones seccionales de 2026 y denunció que existirían intentos para impedir su candidatura mediante procesos judiciales.
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Durante una entrevista con el medio Ecuador en Directo, González afirmó que se mantiene firme en su decisión de participar en los próximos comicios, pese a las investigaciones que enfrenta y a las amenazas que, según ella, ha recibido.
González también aseguró que el ministro del Interior, John Reimberg, habría anticipado hace varias semanas que ella no participaría en las elecciones.
La excandidata aseguró haber conocido que, durante una reunión en la Gobernación de Manabí, el funcionario habría manifestado ante personas cuya identidad no precisó que ella no sería candidata a la Prefectura, pues, de intentar postularse, se le retirarían sus derechos políticos y se dispondría que sea encarcelada.
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Hasta el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.
Caso Caja Chica y multa del TCE
González no reveló bajo qué organización política buscará la Prefectura de Manabí, considerando que la Revolución Ciudadana se encuentra suspendida temporalmente por nueve meses, tras una medida cautelar emitida por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.
La decisión está relacionada con el denominado caso Caja Chica, una investigación liderada por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de lavado de activos y un supuesto financiamiento irregular durante la campaña presidencial de 2023.
Dentro de este proceso, González figura entre las principales investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada.
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que la campaña presidencial de la entonces candidata habría recibido y canalizado recursos de presunta procedencia ilícita enviados desde Venezuela y vinculados con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Como parte de las investigaciones, la madrugada del 28 de enero de 2026, agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional allanaron el domicilio de González en Quito, donde se incautaron tres teléfonos celulares, una computadora, una tableta iPad, agendas personales y 31 dispositivos de almacenamiento digital.
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La dirigente correísta ha rechazado las acusaciones y sostiene que el proceso constituye una "fábrica" judicial impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Aunque no pesa sobre ella ninguna sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral le impuso el pasado 8 de mayo una multa de USD 18.000 por haber formado parte del binomio presidencial beneficiario de los recursos cuestionados, junto al excandidato Andrés Arauz.
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