Un pacto por el empleo
Carlos Rojas Araujo jueves, 9 abril 2020 - 05:08
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Por: Carlos Rojas Araujo
Anticipando el grave daño que la pandemia del Covid-19 ocasionará en Bogotá, la recién posesionada alcaldesa Claudia López dijo que era el momento de hablar con urgencia y sin dilaciones sobre un nuevo contrato social para la capital colombiana.
Clara, contundente, realista y reflexiva, como muy pocos personajes políticos en Ecuador… López está segura de que a la emergencia sanitaria le seguirá una dura depresión económica que no será resuelta, únicamente, con bonos de asistencia a los estratos más pobres. Su angustia es por los 1,5 millones de hogares bogotanos (más de seis millones de personas) que componen la clase media: motor de la economía, el consumo local, el emprendimiento y la estabilidad política en cualquier latitud. Para esta enorme porción del pastel sociodemográfico, la Alcaldesa pide acciones concertadas y disruptivas al Gobierno colombiano, a empresarios, al sector financiero y a las élites dirigenciales.
Quienes discuten la política desde la visión de los estadistas saben que no hay mejor programa social que la generación de empleos estables y de calidad. El contrato al que apela Bogotá parte por mantener viva su fuerza laboral como el incentivo de producción más importante de los próximos años.
A medida que Ecuador despertaba de sus años de bonanza ficticia, por el petróleo caro al que el Estado no le dio valor agregado -ni si quiera se interesó por aumentar su producción- y el feroz endeudamiento para alargar la borrachera, los indicadores del empleo anticipaban una tragedia.
Desde 2014, en el país se destruyen sistemáticamente unos cien mil empleos formales cada año. Y las escasas plazas que se generan en uno u otro pico de leve prosperidad, ni de lejos, acogen a los 150 mil profesionales que cada año gradúa la universidad ecuatoriana.
Si acotamos además que en 2016, año del terremoto, se perdieron 244.000 empleos, ¿qué esperamos de este 2020, con una paralización nacional de al menos dos meses?
¿Medio millón de empleos pulverizados? ¿Una desazón general devenida en violencia, caos y frustración? ¿La generación más preparada de la historia dispuesta a emigrar a países también enfermos y en recesión?
El empobrecimiento no puede ser una preocupación exclusiva del Gobierno ni el tema favorito de la próxima campaña electoral. Debe marcar la agenda nacional; de lo que hablen con pragmatismo, sinceridad y buena fe empresarios, dirigentes sociales, académicos, sindicalistas, políticos, estudiantes e indígenas.
Las estrategias macro fiscales para evitar que el país se vaya a la quiebra deben tener en cuenta esta prioridad, apoyando a las compañías con políticas claras que permitan su liquidez y subsistencia. Y los sectores sociales con amplia capacidad de movilización, proponer nuevos marcos regulatorios que permitan a más personas acceder a un salario seguro.
La cuarentena es un sacrificio de vida, el aporte para evitar que el contagio colapse a la Salud pública y al Estado. Pero habrá que salir de ella con algo de esperanza, frente a un mundo que cambió para siempre.
Si nuestras élites no están listas, como plantea la Alcaldesa de Bogotá, para hablar de un nuevo contrato social, al menos procuremos un pacto por el empleo.
