A ajustarse la correa
Si el endeudamiento chino no llega pronto o el precio del crudo continúa estancado, se registrarán retrasos en la inversión pública que terminarán trasladándose al resto de la economía.
El descenso en el precio del petróleo ha movido los cimientos del modelo de desarrollo del Socialismo del Siglo XXI sustentado en una exuberante inversión pública. Para 2015 el gobierno ecuatoriano estimó que los bajos precios del crudo abrieron una brecha fiscal por 1.700 millones de dólares ampliando la necesidad de endeudamiento total a 10.500 millones.
Varios analistas habían advertido de la importancia de contar con reservas. Algo que el presidente Correa rechazó sistemáticamente asegurando que “nuestra variable de ajuste en caso de vacas flacas es la inversión pública”.
Llegaron las vacas flacas y el Gobierno se dio cuenta del impacto que tendría reducir la inversión pública, especialmente en una economía que se acostumbró al fluir de los petrodólares que dinamizaron la producción y comercio privados. Como resultado cambió la estrategia: conseguir la mayor cantidad de endeudamiento para pasar el bache y así evitar reducciones drásticas en el gasto público.
China fue nuestra principal carta. El primer día laborable del año, el presidente Correa viajó a Beijing para conseguir apoyo financiero. En esta cita se alcanzaron promesas de financiamiento por más de 7.500 millones de dólares para ser desembolsados en los próximos años.
A la fecha, los desembolsos chinos continúan retrasados y el Gobierno ha tenido que acudir al mercado internacional de capitales por un préstamo de 750 millones de dólares a un impresionante costo de 10,5 por ciento. Adicionalmente, solicitó apoyo al Banco Central para que con dinero de las reservas internacionales compre alrededor de 1.000 millones de dólares en bonos de corto plazo para sostener el flujo de caja hasta que lleguen nuevos desembolsos externos.
Adicionalmente, el fisco ha buscado incrementar sus ingresos en alrededor de 1.800 millones de dólares: 540 millones por el recientemente aprobado paquete tributario, 330 millones por la expansión del servicio telefónico 4G, 470 millones por el proyecto de perdón de intereses a deudas con el SRI y 500 millones por restricciones a las importaciones vía salvaguardias. La última prioridad ha sido el recorte del gasto público para no provocar una contracción económica. La reducción en gastos e inversión alcanzaría 2.500 millones de dólares: 1.100 millones por sustitución del aporte del 40 por ciento a las pensiones jubilares por una garantía, 540 millones por reducción de gasto corriente y 827 millones de inversión.
Con todas estas medidas, la necesidad de financiamiento podría regresar a los 8.800 millones de dólares inicialmente planificados para 2015, lo que sigue siendo un reto difícil de alcanzar en el escenario actual. Si el endeudamiento chino no llega pronto o el precio del crudo continúa estancado, se registrarán retrasos en la inversión pública que terminarán trasladándose al resto de la economía resultando en menores ventas y empleo. Es imperativo pisar el acelerador al crecimiento económico estimulando un ambiente de aliento y respeto a la inversión privada para que ésta tome el espacio de una inversión pública en declive.
