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Luz de esperanza

viernes, 18 septiembre 2020 - 02:49
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    POR PATRICIA ESTUPIÑÁN
     
    El expresidente Rafael Correa,  el exvicepresidente Jorge Glas,  varios ministros y asambleístas, y una decena de empresarios  han sido condenados por cohecho  a ocho años de prisión. Además, los  funcionarios han perdido el derecho  a ser elegidos a cualquier dignidad  pública. La sentencia en el caso Sobornos constituye un hito en la historia judicial del Ecuador, donde la costumbre ha sido la vigencia de la l ey del embudo: lo ancho para el poder y lo estrecho para los demás.
     
    Esta sentencia demuestra que sí  es posible aspirar a lo que debe ser  normal en un estado de derecho:  igualdad ante la ley. Nadie puede estar por encima de ella, no importa  que se goce de respaldo político ni  que se cuente con abundantes recursos económicos o con fama y popularidad. Si viola la ley, debe ser enjuiciado y en el proceso no pueden imperar  esos factores de poder, sino los elementos de convicción judicial. Todo esto se cumplió en el caso Sobornos. Se probó que desde una oficina  adjunta a la Presidencia de la República se recogieron los sobornos y se cruzaron facturas de servicios inexistentes para financiar las millonarias  campañas políticas y festejos, todo  con testimonios y abundantes documentos como facturas, cheques,  transferencias, etc. La sentencia tiene otro mérito: se aplicó con igual  dureza a los dos elementos en esta  amalgama de corrupción, a los funcionarios y a los empresarios.
     
    El fallo confirma también que la  Justicia puede operar cuando es independiente del poder político. Durante una década hubo un manejo  judicial arbitrario, porque se colocó en puestos claves a personas funcionales al régimen del expresidente  Correa. Esto permitió un manto de  impunidad en los casos de corrupción. El primer gran proceso por corrupción: Los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht no se hicieron  públicos por la investigación de los  fiscales de ese periodo, sino por una  investigación internacional, y el rumbo de los procesos posteriores ha sido acelerado gracias a que el Consejo  de Participación Ciudadana Transitorio nombró a una Fiscal General cuyo único compromiso ha sido con la Justicia, y quien ha demostrado valentía  para resistir el ataque despiadado de  los involucrados en este caso. También esa independencia permitió que  los jueces emitan sus fallos con base a derecho y no como ocurría antiguamente, por una orden presidencial durante las sabatinas.
     
    Finalmente, el caso Sobornos  demuestra la importancia de otro  de los pilares de una democracia sana: una prensa independiente. Fue  una investigación de dos periodistas la señal de partida. Por su persistencia para exhibir documentos y  conexiones, se prendió una linterna  con la que la sociedad siguió el proceso y vigiló que se cumpla la ley. A  diferencia de la década pasada, no
    hubo ni mordaza ni la aplicación indebida de la injusta Ley de Comunicación para obligar rectificaciones  sobre hechos que eran verdad, pero  que el régimen trataba de ocultar.  El año 2020 será recordado como  un año de dolor por la crisis económica y la pandemia, pero esta sentencia  es una luz de esperanza.

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