POR VÍCTOR CABEZAS
¿Si su hijo le pediría que redacte la Ley del Hogar y garantice que él y su hermana irán a estudiar a Harvard con todo pagado, vivirán en Nueva York y, luego, serán empresarios exitosos en Ecuador para así contribuir al crecimiento del país, pagar impuestos y “ser felices”, qué le diría? Muy seguramente lo mandaría a dormir y dejaría los sueños en la nebulosa. Alcanzar esos deseos requiere trabajo, esfuerzo, creatividad, no leyes.
La Constitución de 2008 es un texto ejemplar en muchos sentidos, pero, en lo fundamental, deja un mensaje nocivo para la sociedad: el bienestar se crea por ley. La Constitución, transformó a un texto jurídico en una promesa política que asegura prosperidad, vivienda, trabajo, recursos ilimitados para la educación y la cultura.
Mientras la Constitución se creaba, el sentimiento de que el mundo podía cambiar desde las normas generó que en Ecuador se eliminara la tercerización laboral, considerada indigna para los trabajadores. En nuestro país no enmendamos las inequidades de ese modelo que impera en todo el mundo. No, aquí fuimos vanguardistas y la eliminamos. También suprimimos el contrato por horas, pues a los ojos del Estado no era suficientemente garantista. Y así, la tradición de imponer el bienestar desde las normas se mantuvo. Se limitaron las formas de contratación que no fueran a término indefinido, las indemnizaciones se radicalizaron y finalmente se eliminó el contrato a plazo fijo. Todo, por ley.
La economía ecuatoriana ya venía sintiendo los estragos de no poder seguirle el paso a la avanzada normativa laboral. La rigidez del Código del Trabajo hizo crecer exponencialmente el subempleo. Luego, llegó el Covid-19: la actividad productiva se redujo en un 70% y el país logro hacer muy poco por preservar el empleo, pues las leyes/bienestar nos prohíben adoptar las medidas de flexibilidad que otros países de la región implementaban con urgencia. Como la economía real no se crea por decreto ni la riqueza viene en un código, a pesar de tener las normas laborales más garantistas, Ecuador se proyecta como uno de los países que más trabajos perderá en el periodo 2020-2021. El golpe de tener leyes desconectadas de la realidad ha sido de tal magnitud que hoy el país está en una carrera por aprobar una ley que para nosotros es novedosa, pero que plantea algo apenas lógico: que las partes puedan acordar y modificar los términos económicos de la relación laboral para preservar el bien mayor: el empleo.
La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas. En lo jurídico, ha mostrado un sistema normativo fabuloso. Un orden quimérico que cuando se enfrenta a la implacable materialidad de sus capacidades económicas, se pierde y nos deja ante el peor de los mundos: uno con leyes maravillosas y realidades aplastantes.
