Los primeros meses del gobierno de Guillermo Lasso nos inundaron de optimismo por el cambio de rumbo que adoptaría el país con decretos como el #68, de junio de 2021, que establecía como prioridad facilitar el comercio internacional, atraer inversiones y declarar la guerra al trámite. Luego vino del decreto #95, de julio, que estableció la hoja de ruta para duplicar la producción petrolera permitiéndonos monetizar ese recurso mientras su demanda sigue siendo fuerte a nivel mundial. En agosto de ese mismo año, con el decreto #151, el gobierno delineó una apuesta por la minería industrial punto de partida para la minería formal, responsable con el medio ambiente. Ha pasado más de un año de los mencionados decretos y la política pública hace agua. ¿Qué falló?
COMUNICACIÓN: El gobierno no ha podido crear una estrategia comunicacional para cultivar en la población la emoción y esperanza frente al cambio propuesto. Muchos de los temas planteados nunca llegaron a conocimiento del público haciendo imposible que este apoye las políticas adoptadas.
GESTIÓN POLÍTICA: La oposición política es lo normal en una democracia (aunque en la nuestra está agravada por la irracionalidad e ideologías fallidas). El gobierno se peleó con sus aliados en la Asamblea. Quemó todos los puentes y se quedó solo.
EJECUCIÓN: La oposición no se redujo a los políticos, sino a la misma burocracia. Existe una desalineación total entre los objetivos presidenciales y los mandos medios que deben ejecutarlos. El presidente Lasso ordenó duplicar la producción petrolera con inversión privada, pero al interior de Petroecuador abundan los prejuicios estatistas y los mandos medios no mueven un dedo para concretar esa inversión privada. El Presidente emitió lineamientos claros para impulsar la inversión minera, pero las iniciativas de inversión se enfrentan a la barrera infranqueable de permisos y trámites que se alargan al infinito. Estamos frente a un problema de incentivos. La burocracia tiende a decidir poco y tarde. El problema es que a los burócratas se les evalúa solamente por lo que hacen y no por lo que dejan de hacer. Para ellos, la salida racional más segura es decidir poco.
Este es un S.O.S. por un cambio profundo en la estrategia gubernamental que permita destrabar esas reformas estructurales urgentes que tanto necesita el país para generar bienestar y para que el Presidente pueda recuperar su principal activo, su credibilidad.
