En febrero de 2007, refiriéndose a la lucha antidroga el presidente Rafael Correa sostuvo en una reunión del COSENA: “Hay que dar señales fuertes de que no vamos a estar dispuestos como marionetas, a gastar ingentes recursos en una guerra, que no es nuestra principal guerra, más encima con el maltrato y la displicencia de Estados Unidos y Colombia”.
Probablemente, ese convencimiento personal y su aversión ideológica a Estados Unidos le condujo a desarrollar una política anti-drogas catastrófica. El primer paso fue retirar la FOL, o base de Manta. El segundo fue la adopción de un principio de “soberanía universal”; y el tercero, eliminar la prisión para quienes porten dosis mínimas de estupefacientes.
Con la salida de la base de Manta, Ecuador cambió la vigilancia del Pacífico de un avión AWAC con seis drones que dejaron de funcionar en poco tiempo. Esto facilitó la conquista del territorio a los carteles mexicanos, que han logrado permear incluso a las instituciones encargadas de la seguridad. En el juicio del “Chapo Guzmán”, un testigo explicó cómo compraron militares para evadir los controles. No hay límites para su audacia: una camioneta con droga entró a la base de la FAE en Manta y ahora se capturó a personas que permitieron el despegue de otra aeronave desde los terrenos de la refinería del Aromo. La tesis de la ciudadanía “universal”, que aprobó el ingreso de extranjeros al Ecuador sin visa, también fomentó la llegada de mafias criminales, de narcóticos y trata de personas. Finalmente, el no penalizar portar una dosis mínima de droga instauró el micro tráfico, lo que promovió la drogadicción en adolescentes. Los estudios aseguran que uno de cada 10 menores de entre 12 y 19 años ha consumido drogas.
A este caos se debe añadir el perverso uso de los sistemas de inteligencia, que se concentraron en espiar a opositores políticos en lugar de a las mafias del crimen. Cuando civiles inocentes, tres periodistas y una pareja de novios, fueron ejecutados en la frontera norte hace un año, fue evidente la ausencia de un adecuado sistema de inteligencia. Todo esto deja la ominosa sensación de que el monstruo nos ha desbordado. Cortar sus muchas cabezas es una tarea muy compleja y larga, que además requiere de un trabajo conjunto de todos. El Estado debe dotar de tecnología, inteligencia, entrenamiento y armamento adecuado a las fuerzas del orden y aplicar cero tolerancia con quienes son cooptados por el crimen; la justicia no puede liberar a los criminales y la sociedad debe esforzarse por evitar que más jóvenes caigan en la drogadicción, con campañas masivas de prevención. La tarea es inmensa, hay que comprometerse a fondo.
