El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.
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La decisión fue tomada tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados al Congreso por su gobierno el pasado viernes, y la movilización social producida por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años de la casa donde vivía.
En una comparecencia en el palacio de la Moncloa, Sánchez defendió el trabajo de su gobierno durante la legislatura y convocó a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la "ola ultraderechista" que involuciona y recorta derechos o desean que el país siga siendo "un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental".
Sánchez defiende su gestión
Sánchez defendió su gestión al frente del Ejecutivo en los últimos tres años de legislatura, en los que, según ha destacado, “España no ha dejado de crecer”. Y remarcó los avances logrados por el Gobierno de coalición del PSOE y Sumar.
Asimismo, aseguró que su gobierno había tomado "medidas valientes" durante estos años para reforzar el Estado del bienestar, sin sacrificarlo a un aumento del gasto militar del 5%, como exige EE.UU. y la OTAN, también para construir "un mundo mejor" frente a "tiranos", "tecnooligarcas" y "genocidas".
Sin embargo, el primer mandatario reconoció "errores", y dijo que el Ejecutivo no ha podido cumplir todo lo que se había propuesto, por lo que decidió convocar elecciones, para dotarse de una mayoría más amplia progresista para "doblegar a las élites", conquistar nuevos avances sociales y "seguir transformando" España.
Periodo de análisis
El jefe del Ejecutivo abrió el viernes un período de análisis y reflexión para decidir si adelantaba o no los comicios, después de que el Congreso rechazó esos dos decretos sobre alquiler de vivienda, un sector que sufre precios elevados desde hace varios años.
Votaron en contra de los decretos la oposición conservadora y la extrema derecha, además de los independentistas catalanes de Junts, que fueron clave en el resultado final para el rechazo de las propuestas del Gobierno para paliar la carestía del alquiler.
El debate parlamentario y la votación posterior de las medidas se produjo en un ambiente de protesta social creciente de grandes manifestaciones y acampadas en ciudades, la principal de ellas en Madrid, para reclamar el derecho a una vivienda digna y a un precio asequible, y para que se impida el desahucio de los inquilinos que se encuentren en situación personal de precariedad socioeconómica.
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