El Salvador ya tiene su primera sentencia de cadena perpetua por feminicidio. El condenado, Eduardo Mauricio Urbina García, fue sentenciado por el asesinato de una vecina a la que, según la Fiscalía General de la República, acosaba de forma constante.
El crimen ocurrió en agosto de 2026 en Santa Ana, ciudad ubicada al occidente del país. La justicia emitió el fallo este lunes 14 de septiembre, apenas 42 días después del asesinato. La institución calificó la decisión como la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado en la historia reciente del país.
Lea también: Todo empezó con el modelo Bukele: así es la 'fiebre' de las megacárceles en América Latina
El fallo llega pocos días después de otro hecho inédito: el viernes, un tribunal había impuesto por primera vez una pena de cadena perpetua por un caso de asesinato. Ahora, la nueva sentencia amplía la aplicación de esta sanción al ámbito de la violencia contra las mujeres.
#Feminicidio | A solo 42 días del crimen, la @FGR_SV logra la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 15, 2026
Eduardo Mauricio Urbina García asesinó a una vecina a quien acosaba constantemente. Según consta en las evidencias, el imputado irrumpió en la habitación... pic.twitter.com/qY3sIzozon
¿Por qué es posible la cadena perpétua?
La condena responde a un cambio reciente en las leyes salvadoreñas. Hasta inicios de este año, la Constitución impedía imponer prisión perpetua y la pena máxima podía llegar a 60 años de cárcel, con mecanismos que permitían reducir las condenas.
La Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, modificó entonces la Constitución y abrió la posibilidad de aplicar la prisión perpetua para delitos considerados graves.
Lea también: Bukele buscará un tercer mandato en El Salvador tras triunfar en elecciones internas
Entre los casos en los que puede utilizarse la nueva pena están: homicidio, violación, terrorismo y feminicidio agravado. Después de la reforma constitucional, el Gobierno de Bukele promovió además una modificación que permite aplicar esta sanción a menores de edad declarados responsables de asesinatos, violaciones o actos de terrorismo.