Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó este martes al Gobierno del presidente Donald Trump a retomar y ampliar las denominadas deportaciones aceleradas en todo el territorio estadounidense.
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La decisión fue adoptada por un panel de la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C., que votó dos a uno a favor del Gobierno federal.
Los jueces Justin Walker y Neomi Rao, ambos nominados por Trump, respaldaron la reactivación de la medida y dejaron sin efecto una orden emitida en agosto de 2025 por la jueza de distrito Jia Cobb.
En aquel fallo, la magistrada había suspendido temporalmente la ampliación de la denominada expulsión acelerada (expedited removal) al considerar que podía poner en riesgo las garantías del debido proceso y aumentar la posibilidad de deportaciones erróneas.
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Sin embargo, la mayoría del tribunal concluyó ahora que el Congreso otorgó al Poder Ejecutivo un amplio margen legal para definir qué personas pueden ser sometidas a este procedimiento migratorio.
Las deportaciones aceleradas se extenderán a todo el territorio
La decisión permite que la Administración de Trump aplique el mecanismo de expulsión acelerada en todo el territorio de Estados Unidos y no únicamente en zonas fronterizas o en determinados casos, como ocurría anteriormente.
La figura jurídica autoriza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a deportar a ciertos migrantes indocumentados sin que comparezcan previamente ante un juez de inmigración.
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La medida afecta principalmente a las personas en situación migratoria irregular que no puedan demostrar, al momento de su detención, que han residido de manera continua en Estados Unidos durante al menos dos años.
Para evitar la deportación inmediata, el migrante deberá presentar pruebas físicas que acrediten su permanencia en el país, como contratos de alquiler, recibos de servicios básicos, documentos laborales o registros médicos.
Aunque el tribunal indicó que los agentes migratorios deben conceder una oportunidad breve y razonable para que los detenidos presenten evidencias de arraigo, también determinó que las autoridades no están obligadas a explicar de forma detallada cómo una persona puede evitar la expulsión.
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