En menos de una semana, la política migratoria de Donald Trump sumó una nueva derrota judicial. La más reciente fue la anulación por parte de un juez federal de Massachusetts de la tarifa de USD 100 mil a las nueva solicitudes de visa H-1B.
De acuerdo al dictamen, el presidente Donald Trump no puede imponer lo que equivale a un impuesto a los empleadores sin autorización del Congreso.
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Esta decisión judicial es un respiro para las empresas tecnológicas estadounidenses que dependen de la contratación de trabajadores extranjeros calificados.
El juez Leo T. Sorokin señaló en su sentencia que el decreto de Trump incrementa exponencialmente el costo de la visa, por lo que se percibe como un impuesto ilegal, por lo cual debe ser anulado.
El gobierno de Trump apelará la resolución, ya que no considera esta tasa como impuesto porque esa medida no se estableció para recaudar fondos.
Con esto, 20 estados se han opuesto a esta tasa migratoria, ya que han considerado que esta política de Trump no sólo afectaría al sector tecnológico, sino también a la contratación de profesionales expertos en educación y salud.
La visa H-1B permite a las empresas estadounidenses contratar a trabajadores extranjeros con formación universitaria para ocupaciones especializadas. En septiembre de 2025, Trump decidió aumentar el costo de la solicitud con el fin de que las empresas prefieran contratar a trabajadores estadounidenses.
Juez anula política Trump que pausó proceso migratorio y de asilo
Un juez federal de Rhode Island anuló el pasado 5 de junio por "ilegales" las políticas del Gobierno de Donald Trump que pausaron hace seis meses los procesos migratorios y las solicitudes de asilo de personas de 39 países en virtud de su lugar de nacimiento.
En una opinión de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. señaló que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a "incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado", y que son "contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas".
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McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y "justifica sus acciones con preocupaciones 'de seguridad nacional' meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones".
La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido "recibir decisiones finales" sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EE.UU.
El juez sostuvo que la pausa de USCIS "no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento", y declaró que la agencia "violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas" por las que se rige.
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