¿Qué pasó con la 'Tabla de Drogas'? El problema invisible que sigue creciendo por falta de una política pública

Aunque el presidente Daniel Noboa ordenó la derogación de la 'Tabla de Drogas' a la que acusó de todos los males, tres años después no ha logrado articular una política de salud pública para combatir las adicciones, mientras el microtráfico campea y aparecen nuevas sustancias en las calles. El fracaso de la 'Tabla' no fue por su naturaleza sino por un Estado que no es capaz de entender cómo aplicarla. Seguir repitiendo la receta solo será más caro y peligroso.

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El consumo está en todas las clases sociales. Pero el problema se acentúa en los estratos más bajos. Cuando un adicto se queda sin dinero recurre a vender las pocas posesiones de su familia, roba, se prostituye, etc. Quienes atienden adicciones saben que un consumidor de H gasta unos USD 10 diarios: muchos de ellos venden botellas de agua en las calles de Guayaquil, se dedican al reciclaje o a robar cables. Un adicto crónico necesita entre USD 20 y 30. Es lo más barato y, como consumen en las mismas calles, por lo general son apresados.

Al otro lado de la vereda están quienes pueden pagar por cocaína y otras sustancias de alto perfil: gastan unos USD 600 cada quince días. No salen a comprar a las calles, las drogas les llegan por delivery, y las consumen en urbanizaciones cerradas. Son realidades distintas de un mismo problema que parece invisible.

El país ni siquiera cuenta con datos para dimensionarlo. La última encuesta, que se aplicó en 2016, determinó que los adolescentes empezaban a consumir a partir de los 14 años; el 12 por ciento de estudiantes de colegio consultado declaró haber ingerido sustancias sujetas a fiscalización, la mayoría marihuana, pero también heroína, cocaína y pasta base en menor cantidad.

Una década después de esa encuesta, en Ecuador hay niños de nueve y diez años que consumen drogas y son parte bandas criminales. Incluso, cada vez hay más casos de bebés que enfrentan una realidad que no deberían. Un análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSPI), denominado ‘Uso y abuso de drogas en Ecuador’, publicado en enero de 2026, detectó casos de neonatos con síndrome de abstinencia derivados del consumo de diversas drogas al que se expusieron sus madres durante el embarazo.

El estudio del INSPI analizó cerca de 5.000 pacientes entre el 2018 y el 2023. Encontró la siguiente evolución: la mayoría de exámenes toxicológicos en 2018 dio positivo para H (heroína mezclada con otras sustancias), entre 2019 y 2022 detectaron más casos de anfetaminas y, en 2023 se vio mayor consumo de cocaína. Todos estos pacientes llegaron al INSPI por dos vías: unos, catalogados solo como consumidores, que los derivó el Ministerio de Salud, y otros enviados por el sistema de justicia, relacionados con delitos o violencia contra la vida. Un informe de la Espol, en 2025, halló rastros de fentanilo y otras sustancias en la H que siguen prendiendo las alarmas, pero que a pocos importa.

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Y tan poco importa que no solo no hay una encuesta actualizada, sino que el Estado no tiene informes ni datos sobre el impacto de ‘Tabla de drogas’ que surgió en 2013. Una década después, en 2023, en un corto video de TikTok el presidente Daniel Noboa anunciaba la eliminación de este mecanismo al que responsabilizaba del crecimiento del microtráfico y la criminalidad.

Han pasado más de tres años y la ‘Tabla’ nunca se eliminó, más bien generó un limbo jurídico que el gobierno no ha resuelto. Noboa debía proponer otro mecanismo que permitiera diferenciar a adictos y traficantes. Mientras eso se resolvía, la Corte Nacional de Justicia solventó el vacío legal con una resolución que determinaba ciertos parámetros para que los jueces actuaran en estos casos. Por ejemplo, se requerían pericias y exámenes médicos.

Luego, en 2025 el gobierno logró la aprobación de la “Ley de Solidaridad” que traía un conjunto de reformas, entre ellas, una que planteaba que el MSP, Judicatura y Fiscalía determinaran y actualizaran los parámetros de tenencia de sustancias estupefacientes. Algo similar a una ‘Tabla’ de drogas. Pero eso nunca pasó. Al poco tiempo, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional y la echó abajo. Por tanto, la ‘Tabla’ sigue ahí.

La ‘Tabla de drogas’ no fue un invento ecuatoriano. Es un instrumento de salud pública que se aplica en varios países y tiene un objetivo concreto: brindar tratamiento a los consumidores en lugar de enviarlos a la cárcel. Además, dependiendo del contexto de cada país y las drogas que predominan en los mercados ilícitos, se aplican los umbrales o dosis que diferencian a un consumidor de un traficante. Cuando surgió la ‘Tabla’ en 2013, se esperaba que las cárceles no se sigan llenando de consumidores. Pero no funcionó ni lo uno ni lo otro.

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La ‘Tabla’ decía que el umbral de un consumidor era 10 gramos de marihuana o 2 gramos de pasta base de cocaína o 0,1 gramos de heroína, pero para 2015 las calles estaban infestadas de la H, una droga que no previó la ‘Tabla’, y el entonces presidente Rafael Correa ordenaba tener más mano dura con los microtraficantes. No obstante, en paralelo no potenció el sistema de salud para detener la epidemia de las adicciones.

El resultado: en 2015 había 3.440 personas presas por delitos de drogas, mientras en 2016 esa cifra ascendió a casi 8.000. Y en los siguientes años alcanzó un pico de 10 mil presos. Pocos de los detenidos son narcos, muchos son microtraficantes y muchos más solo son consumidores. Es como una pirámide y el problema se hace más grande porque cada consumidor que es enviado a la cárcel sin tener relación con el crimen es fácilmente capturado o reclutado por las bandas criminales.

¿Y qué pasó con la política de salud pública? Un estudio denominado “National trends in drug-related hospitalizations and registered drug-related deaths in Ecuador” determinó que entre 2004 y 2024 las hospitalizaciones relacionadas con drogas aumentaron de 2,5 a 7,3 por cada 100 mil habitantes. Es decir que se triplicaron. Sobre todo, el incremento se vio a partir del 2013. Así mismo, mientras en 2024 hubo dos muertes relacionadas con drogas, en 2024 fueron 23 casos.

Para Esteban Ortiz, uno de los autores de este estudio y profesor investigador de la UDLA, aunque el informe no refleja causalidad directa con la ‘Tabla’, sostiene que estos datos demuestran un incremento sostenido de hospitalizaciones y muertes a partir del 2013.

Pero, nuevamente, el problema no es la ‘Tabla’, sino cómo se la aplicó. Julieta Sagñay, psiquiatra y experta en trabajo con personas adictas, dice que cuando se lanzó la ‘Tabla’ en 2013 se la promocionó como la “dosis personal”. “Los jóvenes decían: pero es mi dosis personal. Eso no debió pasar, la ‘Tabla’ es un instrumento que sirve de guía para los jueces, no para decirles a los jóvenes cuánto consumir”. El otro problema, afirma, es que así se encuentre a una persona con más droga, el sistema judicial tiene que comprobar si es consumidor o traficante.

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Sagñay relata el caso de Alexandra, una mujer de 35 años que era adicta a la H, pasó cinco años en recuperación y cuando salió empezó a consumir marihuana, puesto que es muy difícil para estas personas dejar las drogas totalmente. La apresaron hace seis meses con una dosis superior a la que dice la ‘Tabla’. “Aún no tiene sentencia, yo he aportado con los diagnósticos sobre su adicción, pero la tratan como microtraficante. Es una persona que no tiene familia, tiene una hija menor de edad. Ella necesita tratamiento y no que la dejen en la cárcel. Y hay casos en los que los microtraficantes pagan por exámenes médicos que los diagnostican como consumidores y los liberan enseguida. Todo esto demuestra que el sistema judicial no está preparado”, cuestiona Sagñay.

Daniel, otro joven que era adicto a la H, fue apresado cuando tenía 19 años. Viajaba de Salitre al Cerro Las cabras por a comprar la droga hasta que un día fue apresado con una dosis superior a la que indicaba la tabla. Pasó 16 meses preso justo cuando empezaron las matanzas carcelarias en 2021. Logró sobrevivir haciendo los mandados de los capos dentro de la prisión a cambio de drogas. Unos días era “Chonero”, otros días “Lobo”, pero al salir de la cárcel logró rehabilitarse y ahora es enfermero.

Pablo Encalada, penalista y docente universitario, sugiere que para superar los obstáculos del sistema judicial deberíamos tener tribunales especializados en drogas como Chile, Costa Rica y otros países para que los adictos tengan la oportunidad de rehabilitarse. “Hay que recordar que así una persona esté vendiendo un gramo, el sistema judicial debe procesarlo como microtraficante o narcotraficante, porque la policía debe ser capaz de hacer seguimiento a los delincuentes y el sistema de salud debe hacerse cargo de los adictos"

Con miles de procesados por drogas, los fiscales están colapsados y no pueden dedicarse a investigar a los peces gordos del narco. Para eso se requiere la articulación con el sistema sanitario. Pero en Ecuador tal cosa está escrita solo en papeles.

A pesar de que el Ministerio de Salud (MSP) dice contar con “71 servicios de atención ambulatoria” y “10 centros para tratamiento residencial”, la proliferación de clínicas clandestinas da cuenta que el Estado no da respuestas. Los familiares de adictos gastan entre USD 250 y 300 para enviar a sus hijos a clínicas clandestinas donde saben que los maltratan, pero no pueden costear un tratamiento de USD 1.500 o 1.700 en un centro privado.

Las soluciones no son fáciles. Se requiere compromiso político y presupuesto. Según datos del MSP, la hospitalización de un paciente en estado crónico de adicción le cuesta al Estado USD 33.000 anuales. Y la inacción de resolver este problema representa un costo aún más grande: USD 200 millones en pérdidas por baja productividad y atención oportuna. El camino es resolver eso o seguir encarcelándolos y dejar que las adicciones ganen más terreno.

Marco Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, dice que la ‘Tabla’ no debería existir, no debería ser para nadie, pero hay consumidores a quienes lamentablemente no les dijeron que las drogas pueden generar problemas cardiovasculares, paros respiratorios, trastornos mentales, a quienes hay que ayudar y no criminalizar. Lo que queremos es que la población no consuma y para eso hay que prevenir y no hay campañas que articulen la política social.

Aunque el gobierno no lo ha hecho público todavía, Vistazo conoció que el MSP, en conjunto con el Ministerio del Interior, trabaja en un protocolo para definir cómo los sistemas de justicia y de salud debe tratar este problema. Dentro del sistema de salud preocupa este tema porque no solo se trata de las drogas convencionales, sino que en las calles ya se venden drogas sintéticas que pueden ser muy adictivas. Otro problema es el policonsumo: los adictos mezclan alcohol, tabaco y distintas drogas, lo que hace que cada vez sea más difícil tratar a las personas.

Desde el MSP se prevé tener una propuesta para septiembre, pero los tiempos electorales y las urgencias políticas quizá lo aplacen. Este medio realizó pedidos de información y entrevistas al MSP para conocer cómo avanzan con este protocolo o qué medidas están tomando; a la Judicatura para saber cuál es la directriz para los servidores judiciales, si aplican la ‘Tabla’ u otro mecanismo; y al Ministerio del Interior para saber cuál es la disposición a la Policía con respecto a los consumidores y la ‘Tabla’, pero no hubo ninguna respuesta hasta el cierre de esta edición.

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¿Un nuevo protocolo será la solución? Daniel Pontón, experto en seguridad y docente del IAEN, dice que mientras los gobiernos sigan aplicando políticas de corte policial, ninguna estrategia funcionará. El hecho de que el presidente haya propuesto eliminar la 'Tabla' sin ningún estudio y solo por una promesa de campaña, y que hayan pasado ya tres años sin tener un mecanismo que reemplace la 'Tabla' demuestra que el país no piensa en función de políticas públicas.

El experto recalca que es necesario entender las diferencias en temas de violencia y lucha contra el crimen. "Por ejemplo, algunos dicen que la ola de violencia que vive el país es por la ‘Tabla’, pero hay una diferencia entre la violencia asociada a las adicciones que se relacionan mayormente con robos, y la violencia que desata la disputa de las bandas criminales por el mercado internacional de las drogas.”

Recuerda que policías y militares no van a resolver el problema de los niños consumidores que son reclutados por las bandas, por ejemplo. Para eso se necesita una política más integral en la que entran los ministerios de Educación, de Desarrollo, y otras instituciones. Se necesitan políticas públicas de largo plazo y no solo promesas de campaña.

El gobierno de Daniel Noboa planteó la Estrategia Nacional de Salud Menta y Abordaje Integral de Fenómeno Socioeconómico de las Drogas (2023-2028). Se trata de un proyecto en el que se contempla invertir USD 27 millones en cinco para realizar encuestas, implementar servicios, infraestructura y personal para el tratamiento de las adicciones en la red de hospitales públicos, etc.

Pero hasta tal parece que, hasta el momento, nada de eso se ha ejecutado. Para este año, por ejemplo, se preveía empezar a realizar tres encuestas nacionales sobre el consumo de drogas: una general para la población entre 12 y 65 años, otra para los estudiantes de bachillerato y una más para los universitarios. Según el plan, estas encuestas y la “gestión de la información” tienen un presupuesto de más de USD 4 millones y se difundirían en 2027.

El mayor gasto de esta estrategia corresponde a la contratación de psicólogos, psiquiatras, terapeutas y trabajadores sociales, con un presupuesto de USD 11,5 millones; y otros USD 4,5 millones para medicinas. Aunque el gobierno primero tiene que resolver el problema de abastecimiento de medicinas en los hospitales.

El Ministerio de Salud estima que para 2028 tendrá que atender a 1,3 millones de ecuatorianos que sufran de patologías asociadas a la salud mental y el consumo problemático de sustancias: alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

De momento, la estrategia está en el papel, puesto que los presupuestos planteados no se han ejecutado y el MSP no empieza todavía con el diseño de las encuestas que serían el primer paso para tener datos con los que se pueda construir una política pública a largo plazo.