Sector minero rechaza nuevo pedido de consulta popular para la actividad
Sandra Armijos Medrano viernes, 7 agosto 2020 - 03:33
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A inicios de esta semana el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, presentó a la Corte Constitucional (CC) una nueva solicitud de consulta popular en el tema minero para la provincia. Esta es la tercera ocasión en que el dirigente y ahora precandidato presidencial de Pachakutik hace esta demanda al ente de control.
La nueva solicitud, a diferencia de las dos anteriores que proponían la ampliación de las zonas de prohibición de actividades mineras y la cancelación de concesiones -y que posteriormente fueron desestimadas- propone una pregunta sobre la actividad en las cabeceras de dos ríos de Cuenca, como una forma de proteger y preservar el agua de los cuencanos.
La misma dice: ¿Está usted de acuerdo con la prohibición sin excepción, de actividades de minería metálica, artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora de los ríos Tarqui y Yanuncay, ubicada en el cantón Cuenca, provincia del Azuay?”
Sobre este petitorio la Cámara de Minería del Ecuador (CME) se pronunció y señaló que se está utilizando a la minería responsable para fines proselitistas, a pesar de que la CC ya rechazó en dos ocasiones las preguntas por considerarlas ambiguas y por contener aspectos que podrían inducir al error y confusión del elector.
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El artículo 261 numeral 11 de la Constitución de la República específica que los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales son competencia exclusiva del Estado Central, por lo que los gobiernos provinciales no tienen injerencia en estos temas. En el 2018 el pueblo ecuatoriano se pronunció vía consulta popular, quedando claramente determinado que no se pueden realizar actividades mineras en áreas protegidas, zonas pobladas o territorio intangible. Esto constituye hoy mismo una norma Constitucional. Es decir, se puede hacer minería en los territorios que no se incluyan en estas tres circunstancias”, reza el comunicado.
La CME manifestó que la minería responsable no afecta a las fuentes de agua y que ésta realiza una gestión ambiental apegada a estándares, normativa vigente y buenas prácticas. Señaló también que en medio de la profunda crisis económica por la que atraviesa el país, ésta es vital en la generación de trabajo, encadenamiento productivo, dinamización de las economías locales y para los ingresos del Estado, a través del pago de tributos y otros derechos.
