Gobierno rechaza disminución de presupuesto para la educación superior; arremete contra 8 universidades
El Gobierno rechazó la advertencia de ocho universidades particulares a nivel nacional, que anunciaron la imposibilidad de dar nuevas becas a estudiantes de escasos recursos, debido a que el Consejo de Educación Superior (CES) habría resuelto reducir en 12 millones de dólares el dinero destinado a estos centros educativos.
"Desde el Gobierno buscamos garantizar una educación superior de calidad. Con un manejo de recursos eficiente y el compromiso de todos, velaremos por el bienestar de los jóvenes ecuatorianos", recoge un comunicado del Ejecutivo, emitido este miércoles 25 de agosto.
En ese sentido, el gobierno del presidente Guillermo Lasso indicó que se aumentó el presupuesto destinado a las universidades, y por ello, a pesar de la crisis por efecto de la pandemia, se ha presentado un presupuesto global destinado a las universidades que asciende a un total de $1.106’100.966, lo que corresponde a un incremento de $28'767.646,87 entre 2020 y 2021.
Con el objetivo de optimizar el destino de los recursos, el Gobierno envió al CES la propuesta de una nueva distribución de fondos hacia las universidades para el último trimestre. La finalidad de tal medida, según el Ejecutivo, es contribuir a que el sistema público de educación superior "cuente con mayores recursos para ofrecer más cupos estudiantiles gratuitos y de calidad" para quienes más lo necesitan.
Además, el gobierno resaltó que, por disposición de la Ley de Educación Superior, todas las instituciones de educación superior particulares están obligadas a establecer programas de becas completas, o su equivalente en ayudas económicas, a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares, "con los resultados de su propia gestión" y, adicionalmente, aquellas que reciben fondos públicos deben destinar todos estos recursos a becas a personas que lo demanden por condición económica, situación de vulnerabilidad, proximidad territorial, excelencia y pertinencia.
"Por tanto, es falso que el gobierno haya eliminado becas; estas han sido eliminadas por decisión propia, instituciones particulares que, recibiendo fondos públicos, ahora pretenden desentenderse del derecho de nuestros jóvenes de recibir una beca", puntualizó el Ejecutivo.
Por último, el Gobierno puso a conocimiento de la ciudadanía los montos que las universidades privadas han recibido, "en aras de que exista una eficiencia en el manejo de los recursos provenientes de los contribuyentes y se efectúe un compromiso, desde las universidades privadas, a optimizarlos sin afectar lo más importante en este ámbito: sus estudiantes, los jóvenes del Ecuador".
Esta semana, ocho universidades privadas de Ecuador advirtieron sobre la imposibilidad de dar nuevas becas a estudiantes. “Es un duro golpe para los estudiantes de escasos recursos del país. (...) En efecto, hemos pasado de recibir el 10 % de una fuente alimentada por una parte del IVA (impuesto al valor agregado), en el 2011, al 3 % el año pasado, y finalmente al 0 % el día 18 de agosto del 2021″, señala el comunicado publicado el pasado 23 de agosto.
Ocho universidades de Ecuador advierten un “duro golpe para estudiantes de escasos recursos”
El 17 de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, entregó personalmente -en la Asamblea Nacional- una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que se centra en tres aspectos fundamentales: garantizar libertad y autonomía, ampliar la oferta académica y mejorar los procesos de admisión.
Sobre el eje de la "libertad", explicó que el paquete de medidas propuestas al análisis legislativo se refieren a la capacidad de cada estudiante de poder decidir la carrera a su elección, mientras que en cuanto a la autonomía, señaló como "esencial que las universidades amplíen sus capacidades de acción, creen más carreras y aprueben nuevos sistemas de aprendizaje".
En ese sentido, reiteró su promesa de campaña al exhortar a los centros académicos a que puedan adecuar su oferta a la demanda e intereses y necesidades de los entornos empresarial, social, legal y político. Al momento, la iniciativa está en manos del Legislativo para su análisis.