Debate sobre destitución de Lasso continúa en la Asamblea Nacional: existen 40 pedidos de intervención
El Pleno de la Asamblea Nacional continúa debatiendo este domingo 26 de junio el pedido de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, por grave crisis política y conmoción interna, planteado por la legisladora Patricia Núñez, con el respaldo de 47 asambleístas de la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES).
En la primera jornada de trabajo intervinieron 32 asambleístas, por el lapso de más de siete horas, luego de lo cual el Presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión para hoy a las 16h00, en virtud de que existen 40 pedidos de intervención.
En representación del primer mandatario, Fabián Pozo, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, por el espacio de 30 minutos dio lectura a los fundamentos de su defensa.
Señaló que el pedido, establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no cumple los requisitos señalados en la Constitución en su artículo 130 numeral 2, es decir, que existan dos condiciones simultáneas para proceder a la destitución, como son: “grave crisis política y conmoción interna”.
Informó que el presidente Lasso emitió un nuevo decreto mediante el cual pone fin al estado de excepción en seis provincias, en razón de que las medidas tomadas por el Gobierno permitieron que regrese la paz y tranquilidad al país. "Los asambleístas (...) buscan desestabilizar la democracia", declaró Pozo.
De su parte, el titular de la Asamblea Nacional afirmó que con la intervención del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República se ha cumplido el derecho a la defensa del Mandatario.
En su turno, la legisladora Patricia Núñez, proponente del pedido de destitución, fundamentó su solicitud amparada en lo que dispone el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, que a su criterio, es una salida democrática y constitucional a la crisis.
Nuñez defendió la protesta social, habló de los hechos ocurridos en el contexto de las movilizaciones, dijo que el encarecimiento de la vida, la falta de paz, muertes, detenciones, emisión de dos decretos, configuran la grave crisis política y conmoción interna.
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Durante el debate virtual, los legisladores se pronunciaron a favor y en contra de Lasso. No obstante, desde diferentes bancadas legislativas rechazaron los hechos de violencia que se dieron durante la protesta social con heridos y muertes.
También cuestionaron la intromisión de personas infiltradas en las marchas y se solidarizaron con todas aquellas personas que se han visto afectadas con la movilización.
Exhortaron a respetar la democracia y la decisión del pueblo en las urnas. También expusieron la necesidad de recuperar la paz y el orden en el país y respetar la institucionalidad y la democracia.
Otros parlamentarios mencionaron que los 10 puntos solicitados por la CONAIE (organización indígena que convocó las movilizaciones) tienen relación con el incumplimiento del Plan de Gobierno, pues no se han dictado las políticas públicas que atiendan las necesidades de la gente y se gobierne con justicia social, por lo que propusieron aplicar el artículo 30, numeral 2 de la Constitución y activar la muerte cruzada.
El Pleno de la Asamblea Nacional recibió en comisión general a Amanda Yépez, especialista de Geografía Crítica; Viviana Idrovo, de Alianza por los Derechos Humanos; Joice Soto, socorrista por la paz; Juan Gravois, de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos; Erik Barba, presidente FEUE Nacional, quienes responsabilizaron al régimen por la represión y el incumplimiento del Plan de Gobierno.
Ayer, el movimiento indígena y el gobierno sostuvieron un primer acercamiento, y horas después Lasso puso fin al estado de excepción que regía en seis de las 24 provincias del país.
Sin embargo, Lasso culpa del caos al líder de la CONAIE, Leonidas Iza. "Aquí no hay un luchador social, aquí hay un anarquista (...) que quiere derrocar un gobierno", dijo este sábado en entrevista con CNN.
La destitución del mandatario requiere 92 de los 137 apoyos posibles en el Congreso. Después de los debates, los diputados tendrán un máximo de 72 horas para votar.
De ser aprobado, el poder lo asumiría el vicepresidente Alfredo Borrero y se llamarían a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período (hasta 2025).