Caso Goleada: Fiscalía revela transferencias de bienes millonarios a familiares de Aquiles Alvarez
La madre, la esposa y primos de Alvarez habrían participado en una estructura destinada a proteger activos y bienes presuntamente obtenidos mediante la supuesta comercialización ilegal de combustibles.
La Fiscalía General del Estado vinculó a cinco personas y nueve empresas relacionadas con el entorno familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos derivada de las indagaciones del caso Triple A.
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Durante la audiencia de vinculación, el fiscal del caso señaló que la madre, la esposa y dos primos de Alvarez habrían participado en una estructura destinada a proteger activos y bienes presuntamente obtenidos mediante la supuesta comercialización ilegal de combustibles.
Transferencias millonarias de acciones y bienes
Durante la audiencia, el fiscal señaló que las empresas vinculadas son compañías “de poder y dominio de Aquiles Alvarez” y afirmó que el grupo “habría intentado proteger los bienes y evadir el control de la justicia”, una vez que tuvo conocimiento de las investigaciones en su contra.
Las entidades de control habrían detectado inconsistencias y hallazgos relacionados con la facturación de las compañías, así como diferencias entre los productos y bienes reportados y la documentación presentada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
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Según la investigación, las principales compañías de los hermanos Alvarez registraron cambios accionariales que habrían sido ejecutados a través de Fernando Viteri y Andrés Viteri, familiares del alcalde.
La Fiscalía también señaló que Fiorella Icaza, esposa de Aquiles Alvarez, figuraba como accionista en algunas de estas empresas y, presuntamente, se adquirieron bienes con recursos provenientes de las actividades ilícitas atribuidas al grupo familiar.
De acuerdo con la acusación, Icaza, en calidad de representante de Inmobiliaria Fiorema S.A., adquirió dos departamentos en el conjunto residencial Blue Bay, en Isla Mocolí, valorados en USD 304.000 y USD 335.000. Además, suscribió una promesa de compraventa de la gasolinera Petroquil por USD 4 millones, operación en la que habría entregado un anticipo de USD 1 millón mediante cheque.
Asimismo, acciones y bienes habrían sido transferidos a Gioconda Henriques, madre de Aquiles Alvarez, sin que existan evidencias documentales que respalden dichas transacciones, según expuso Fiscalía.
Como ejemplo, el fiscal mencionó que Gioconda Henriques adquirió vehículos valorados en USD 325.000, USD 120.000 y USD 63.000, cuyos vendedores fueron Aquiles Alvarez y Fiorella Icaza.
Asimismo, se detalló la compra de una vivienda valorada en USD 1,2 millones, un terreno de USD 162.000 y un departamento de USD 120.000.
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Juez dicta medidas cautelares
Con base en cerca de 150 elementos de convicción recopilados durante la investigación, la Fiscalía procesó a Gioconda Henriques, madre del alcalde de Guayaquil; Fiorella Icaza, su esposa; Fernando Viteri y Andrés Viteri, sus primos; y Erika V., quien se desempeñaba como contadora de las empresas investigadas.
Las nueve compañías vinculadas al caso son: Grupo ALVA3 S.A., Terminal Naviero Petrolero TERNAPE PETROLEUM S.A., Comercializadora de Combustibles CORPALUBRI S.A., Inmobiliaria FIOREMA S.A., Inmobiliaria Álvarez Hache S.A., INDUDIESEL S.A., Operadora Portuaria Petrolera OPEROIL S.A., Compañía del Petróleo y sus Derivados COPEDESA S.A. y CHN S.A.
El juez de la Unidad Anticorrupción dispuso prisión preventiva para Fernando Viteri y Andrés Viteri.
En el caso de Gioconda Henriques, quien reside en Estados Unidos, ordenó la presentación periódica cada 15 días ante el Consulado de Ecuador en Miami.
Por su parte, Fiorella Icaza y Erika V. deberán cumplir con prohibición de salida del país y presentarse dos veces al mes ante la autoridad competente.
Respecto de varias de las empresas vinculadas, el magistrado dispuso su intervención por parte de la Superintendencia de Compañías.
Además, ordenó la incautación y prohibición de enajenar bienes inmuebles y vehículos registrados a nombre de las personas jurídicas investigadas, así como la suspensión temporal de las actividades de las principales empresas involucradas.