Caso Triple A: primo de Aquiles Alvarez es declarado prófugo al no presentarse a la audiencia de juicio
La defensa del procesado había argumentado una calamidad doméstica, pero no presentó la justificación.
El Tribunal que trata el denominado caso ‘Triple A’ declaró como prófugo de la justicia a Fernando Viteri Henriquez, primo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
La mañana de este domingo, 31 de mayo de 2026, se reinstaló la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito contra 15 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos.
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La Fiscalía continuará con la presentación de sus pruebas. Previo a que empiece la diligencia, el Tribunal constató la inasistencia, por segunda ocasión, de Fernando Viteri.
Ante esto, los magistrados lo declararon prófugo de la justicia y suspendieron su juicio hasta que aparezca de forma voluntaria o sea capturado.
La diligencia se iba a realizar el pasado sábado, pero fue declarada fallida justamente por la inasistencia del procesado.
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El Tribunal había dispuesto que la defensa técnica de Viteri justifique de manera documentada y legal hasta este 31 de mayo a las 08h30, la calamidad doméstica de la que indicó está adoleciendo el implicado, pero no se logró explicar la inasistencia.
Previamente, el sospechoso recibió una orden de prisión preventiva por el caso ‘Goleada’ en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos. En ese procesado también está implicado el alcalde Alvarez, su esposa, su madre y otros parientes.
¿Qué es el caso Triple A?
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), en la que se alertaba sobre una distribución y comercialización irregular de combustibles, lo que habría generado un perjuicio al Estado ecuatoriano.
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Las autoridades hallaron diferencias considerables entre el volumen despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Según la investigación de Fiscalía, el perjuicio económico al Estado ascendería a más de USD 61,5 millones, correspondiente a 22 millones de galones de combustible (diésel y gasolina).
Los informes periciales determinaron que las capacidades de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponden con el volumen adquirido a las empresas procesadas.
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Además, durante la instrucción fiscal se identificaron irregularidades que serían atribuibles directamente a los representantes de dichas compañías.
Por su parte la defensa de Aquiles Alvarez y los demás procesados han rechazado las acusaciones y argumentan una persecución política, ya que el alcalde fue una de las voces más importantes de la oposición al presidente Daniel Noboa.