Fiscalía pide llamar a juicio a siete procesados por el caso Ligados

La Fiscalía General del Estado concluyó este viernes 20 de marzo la presentación de su dictamen acusatorio dentro del denominado caso Ligados y solicitó que siete procesados sean llamados a juicio como autores directos del presunto delito de asociación ilícita.

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La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló con la presencia del fiscal general subrogante, Leonardo Alarcón, quien expuso los elementos de convicción recopilados durante la investigación.

Entre los implicados figuran tres exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.

También forman parte del proceso Nicole Bonifaz, actual consejera del CPCCS; el excandidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz; la exasambleísta Esther Cuesta; y Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022.

Según la Fiscalía, los siete procesados se habrían confabulado entre noviembre de 2024 y enero de 2025 para ejecutar acciones destinadas a “controlar instituciones del Estado” mediante la designación irregular de autoridades.

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El Ministerio Público sostiene que esta presunta estructura buscaba influir en entidades clave del sistema judicial y financiero, con el objetivo de obtener impunidad y mantenerse en posiciones de poder.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló tres eventos principales que configurarían el esquema delictivo:

El dictamen acusatorio se sustenta en peritajes, documentos, versiones y un testimonio anticipado, que —según la Fiscalía— evidenciarían la existencia de una estructura organizada para alcanzar estos objetivos.

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Entre los hallazgos expuestos, se mencionaron conversaciones y coordinaciones entre los procesados, así como presuntos ofrecimientos de cargos dentro de instituciones públicas.

De ser aceptado el pedido por el juez, el caso avanzará a la etapa de juzgamiento, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados en este proceso, que pone en el centro del debate la presunta injerencia en la designación de autoridades y el control de instituciones del Estado.

La magistrada del caso suspendió la audiencia y convocó a las partes procesales para el lunes 23 de marzo, a las 10:00.