Presión contra Mario Godoy: gremio de abogados piden su renuncia de la Judicatura por hechos de 'extrema gravedad'

“Renuncia Mario Godoy”, dice un cartel instalado en lo alto de la sede del Colegio de Abogados de Pichincha, justo al frente de la Asamblea Nacional, donde este jueves 15 de enero la Comisión de Fiscalización analiza el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

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Además, el gremio de juristas enfatizó su protesta frente al "grave atentado contra la institucionalidad y la independencia judicial", tras la denuncia del Juez Anticorrupción Carlos Serrano, sobre presiones desde la Judicatura para favorecer la impunidad en un proceso por lavado de activos.

A través de un comunicado, el Colegio de Abogados señaló que estos acontecimientos, que involucran a exautoridades y funcionarios de la Función Judicial, constituyen hechos de extrema gravedad que ponen en entredicho la credibilidad del sistema de justicia.

El gremio calificó como "altamente cuestionable" el proceso de designación de Mario Godoy, que se inició con la inclusión de su nombre en una terna presentada por el entonces presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, (que desembocó su renuncia como titular del máximo tribunal) "sin que se evidencie la realización de verificaciones rigurosas de idoneidad ética y profesional".

Asimismo, consideran que es imperativo iniciar "un proceso serio, técnico e institucional" de fortalecimiento y depuración del sistema judicial, que permita restituir la confianza ciudadana y garantice que la justicia se administre con independencia, probidad y estricto apego a la Constitución y la ley.

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En torno a la polémica con Godoy, el gremio de abogados hizo una serie de exigencias a las distintas funciones del Estado.

A la Asamblea Nacional, el desarrollo célere, transparente y sin dilaciones de los procesos de fiscalización que correspondan, ejerciendo su rol constitucional con independencia de intereses partidistas y en defensa del interés público.

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A la Fiscalía General del Estado, el desarrollo de una investigación penal objetiva, exhaustiva y oportuna, que determine las responsabilidades de todos los funcionarios involucrados, como autores o partícipes, en los presuntos delitos denunciados, con la celeridad y transparencia que el caso amerita.

A los vocales del Consejo de la Judicatura, la adopción inmediata de decisiones institucionales que garanticen la independencia judicial, incluyendo la evaluación de responsabilidades administrativas y disciplinarias de Mario Godoy.

Mientras persistan estos cuestionamientos institucionales, se exhortó a no seguir con el nombramiento de jueces temporales bajo la presidencia de Godoy; así como la continuidad en la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones administrativas y legales que correspondan respecto del exdirector provincial de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, a fin de impedir su retorno o reincorporación a la Función Judicial.

A la Función Ejecutiva, la asignación de un presupuesto suficiente que permita recuperar la infraestructura, operatividad y talento humano del sistema de justicia, superando el déficit histórico de jueces, fiscales y personal administrativo.

Por último, enviaron su solidaridad con los funcionarios judiciales que han sido desvinculados, apartados de sus cargos o sometidos a represalias como consecuencia de haber denunciado malas prácticas, presiones indebidas o actos contrarios a la independencia judicial.