Noboa decreta estado de excepción: ¿qué restricciones aplican en 10 provincias en medio del paro nacional?
Noboa señaló en su decreto que "se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia".
En el marco del paro nacional, el presidente de la República, Daniel Noboa, declaró un nuevo estado de excepción en diez provincias del país por “grave conmoción interna”, al cumplirse ayer trece días de las protestas indígenas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
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A través del Decreto Ejecutivo No. 174, suscrito este sábado, el Gobierno dispuso la medida en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, donde, según el Ejecutivo, se concentran la mayoría de actos violentos.
En el documento se mencionan paralizaciones, agresiones a policías y militares, secuestros, bloqueos de vías y "hechos de violencia que han alterado el orden público", que ponen en riesgo derechos como la vida, integridad, libre circulación, trabajo y el desarrollo de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos.
Según el Ejecutivo, la presente medida busca detener las medidas de hecho tomadas en las provincias mencionadas, así como su radicalización, "que se ha observado ha sido progresiva".
Noboa señaló en su decreto que "se han rebasado los límites del ejercicio legítimo de los derechos a la protesta y resistencia, configurando una alteración grave del orden público que excede las capacidades de control mediante medidas ordinarias".
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Restricciones del estado de excepción
La medida tendrá una vigencia de 60 días, con posibilidad de terminación anticipada. Entre las restricciones principales se establece:
Suspensión del derecho a la libertad de reunión las 24 horas del día.
Limitación de aglomeraciones en espacios públicos que paralicen servicios estratégicos.
El Gobierno faculta a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para impedir y desarticular reuniones que representen amenazas a la seguridad ciudadana o al orden público.
Asimismo, se aclaró que la medida no implica restricción al derecho a manifestarse pacíficamente, siempre que no se vulneren los derechos del resto de la ciudadanía.
Esta declaratoria ocurre después de que la Corte Constitucional anulara, el viernes 3 de octubre, el anterior estado de excepción en cinco de las siete provincias donde había sido decretado.
Los jueces únicamente ratificaron la constitucionalidad de la medida en Carchi e Imbabura, esta última considerada el epicentro de las movilizaciones convocadas por la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).
Con este nuevo decreto, el presidente Noboa busca contener lo que calificó como una “radicalización progresiva” de las manifestaciones.