Con llamado a consulta, Daniel Noboa patea el tablero y deja en el limbo la designación del Fiscal
La figura del fiscal se ha convertido en una especie rock star de la política por el poder que tiene de procesar a ministros y hasta presidentes.
Cuando parecía que al fin el Consejo de Participación Ciudadana se disponía a desbloquear el concurso para elegir al reemplazo de Diana Salazar, el presidente Daniel Noboa acaba de dejar en el limbo la designación de un nuevo Fiscal General porque la consulta popular que hará en diciembre puede cambiar las reglas de juego. Ecuador es el único país donde esta elección está a cargo de un “poder ciudadano”, mientras en el resto de la región los fiscales surgen de acuerdos entre los poderes del Estado. ¿Qué método es mejor?
Llevó a los tribunales a Rafael Correa por el caso Sobornos, quien terminó con una sentencia de 8 años y proscrito políticamente. Inició la investigación contra Lenín Moreno por el caso Sinohydro, que aún está en proceso. También investigó a Guillermo Lasso por el caso Encuentro, aunque resultó sobreseído. Y procesó a docenas de ministros y líderes sociales e indígenas. Durante seis años, la ex Fiscal General Diana Salazar acaparó grandes titulares, recibiendo aplausos o reproches, de diferentes sectores, casi convertida en una especie rock star de la política.
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Y no es la única, en los últimos años, los fiscales en la región han adquirido notoriedad por llevar a los presidentes y ministros ante los tribunales, con algunos casos relacionados al escándalo de Odebrecht y otros incluso con el narcotráfico. “La figura del Fiscal General se ha ido convirtiendo en un rock star de la política por el enorme poder que tiene ahora y eso ha hecho que se vayan separando del poder Ejecutivo, porque tiene que investigarlo”, explica Úrsula Indacochea, directora del Programa Independencia Judicial de la Fundación para el debido Proceso (DPFL), con sede en Washington, EE.UU.
Por eso, no es sorpresa que la elección o designación de fiscales sea tan problemática: por los intereses políticos en juego. “Los fiscales pueden intervenir en las elecciones, pueden procesar a alguien para que no pueda ser candidato, etc.”, dice Indacochea. Un Fiscal no solo define por a quién procesa o persigue judicialmente; sino también por lo que decide no investigar.
Pero, ¿cómo se eligen fiscales en otros países y por qué Ecuador cayó en este limbo institucional?
ENTRE ACUERDOS POLÍTICOS Y MÉRITOS
La figura de Fiscal General nació como un especie de ministerio para llevar a cabo la política de seguridad del presidente. Por eso, en algunos países como Brasil todavía se llama Ministerio Público. Y en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene la potestad de destituir al Fiscal. Cada país tiene una manera diferente de designación, pero lo común es que interactúen los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En Chile, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia preselecciona a cinco perfiles que luego envía al presidente para que elija a uno, y esa decisión debe ser ratificada por el Senado.
Ecuador es el único país de la región donde un "poder ciudadano", parido en la Constitución de Montecristi, elige al Fiscal General.
No hay fórmula mágica para garantizar la independencia de un Fiscal. Hasta 2008, en Ecuador la designación estaba en manos del Congreso. Ante las críticas de la politización del proceso, el correísmo impulsó en la Constitución de Montecristi la creación del Consejo de Participación Ciudadana para que, a través de concursos de méritos y oposición, se designe a las autoridades. Pero dicho Consejo terminó cooptado por las fuerzas políticas y eso ha hecho que retrasen o bloqueen los concursos.
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“No es que lo que se hacía antes en el Congreso estaba bien, pero al menos los acuerdos políticos para elegir Fiscal u otras autoridades se hacía de frente. Eso obligaba a que los postulantes o los integrantes de las ternas tuvieran alguna credencial. Con el CPCCS, los intereses políticos quedaron ocultos por la supuesta meritocracia y los concursos”, lamenta el jurista y docente universitario Pablo Encalada.
Explica que lo importante es la interacción de los poderes del Estado y que la designación no solo quede en manos del Ejecutivo y Legislativo, sino que también intervenga el poder judicial. Una vez que Diana Salazar explotó todo el poder de la Fiscalía, ahora la institución es más apetecida por los políticos para blindarse judicialmente o perseguir a los enemigos, refiere Ecalada.
BORRA Y VA DE NUEVO
Justamente ante la inoperancia del Consejo de Participación para designar autoridades, durante los últimos años se ha discutido la posibilidad de regresar esa competencia a la Asamblea Nacional. Y a inicios de agosto, el presidente Daniel Noboa anunció las preguntas que desea plantear en una nueva consulta popular que se desarrollaría en diciembre.
La pregunta 3 intenta eliminar el Consejo de Participación, lo que retornaría las atribuciones de designación de autoridades a la Asamblea. Mientras que la Defensoría del Pueblo y Contraloría General del Estado se encargarían de los temas de control social y participación ciudadana.
En el anexo de la pregunta se explica que el Legislativo organizará comisiones calificadoras, que serán las encargadas de llevar a cabo el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y derecho a impugnación ciudadana.
Esas comisiones estarán integradas por dos personas nombradas por cada una de las funciones: Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia y Control Social (Contraloría y Defensoría del Pueblo).
Pero aquí viene el problema, ¿Qué pasará con el concurso para la designación del nuevo Fiscal? Por el momento, el Consejo de Participación ya tiene lista la normativa del concurso, pero falta la etapa de veeduría e integración de la comisión de selección.
El constitucionalista André Benavides explica que después de que el presidente Noboa presentó el anexo de la pregunta, el CPCCS puede acelerar el concurso o puede demorarse, como ha venido sucediendo en los últimos años, para dejarlo en manos de la Asamblea.
Y es que, en caso de que la ciudadanía apruebe la eliminación de ese organismo, los concursos que se encuentren en trámite a la fecha de proclamación de los resultados del referéndum quedarán sin efecto, según dice el anexo.
“Cuando les da la gana hacen el concurso y cuando no lo bloquean”, apunta el jurista sobre lo que podría suceder en los próximos meses. Agrega que todo dependerá de la menor o mayor interferencia del poder político y los acuerdos.
“Lamentablemente no podemos descartar la politización, hemos tenido ya autoridades contaminadas y el hecho de que un exministro de Gobierno (José de la Gasca) tenga intenciones de participar en el concurso da cuenta de que hay intereses”, dice Benavides. Por eso indica que también hace falta una reforma que impida que ex ministros u otras autoridades puedan aspirar a la Fiscalía, o al menos haya un “periodo de enfriamiento”, antes de cruzar esa puerta giratoria.
De todos modos, también habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la legalidad de la pregunta y lo que el pueblo resuelva en las urnas.