Rey Felipe de España renuncia a la herencia de su padre
La sorpresiva decisión del rey de España Felipe VI de renunciar a la herencia de su padre y eliminar la asignación de financiación pública de unos 200.000 euros anuales con la que hasta ahora contaba su predecesor trata de reforzar el compromiso de ejemplaridad con la que el monarca accedió hace casi seis años a la Corona, que vivía un desgaste institucional acusado que alcanzó su culmen con el caso Nóos, por el que fue condenado su cuñado Iñaki Urdangarin.
Esta medida de distanciamiento se dio a conocer diez días después de que la Fiscalía Anticorrupción española pidiera a Suiza investigar una supuesta donación de 65 millones de euros desde una fundación panameña vinculada al rey emérito y de la que, según publicó el diario británico 'The Daily Telegraph', Felipe VI sería beneficiario.
La fundación, denominada Lucum, se creó en mayo de 2008 en Panamá y pocos meses después, a través de su cuenta en Suiza, recibió los 100 millones procedentes de Arabia Saudí. El beneficiario de la entidad sería Juan Carlos I -retirado de la actividad pública desde el pasado año- y, según el diario, Felipe VI obtendría el dinero cuando falleciese su padre.
Tras la publicación de la información, conocida al mismo tiempo que el Gobierno español activaba las medidas del estado de alarma para hacer frente a la pandemia de coronavirus, el Palacio de la Zarzuela desveló en un comunicado que don Juan Carlos no había advertido de esa situación, de la que sí le había dado cuenta, un año antes, un bufete británico que no había aportado ninguna prueba documental.
Frente a la polémica surgida a raíz de estas publicaciones, que ha llevado a varias partidos a anunciar que promoverán iniciativas parlamentarias de investigación, Felipe VI ha echado mano de nuevo, seis años después de su llegada al trono tras la abdicación de su padre, de nuevas medidas de transparencia y buen gobierno para proteger la institución monárquica de críticas como las caceroladas de ciudadanos confinados en sus domicilios que se produjeron durante su discurso televisado del miércoles.
Tras su proclamación, Felipe VI ordenó una auditoría externa para las cuentas de la Casa del Rey y la publicación de las retribuciones de sus altos cargos, los contratos y los convenios. Estableció un código de conducta para todos los trabajadores, recortó en un 20 por ciento su asignación como jefe del Estado y prohibió que los miembros de la Familia Real aceptasen regalos más allá de la cortesía habitual.
Pero lo más simbólico fue la reducción de la familia real a seis miembros, lo que dejaba fuera de ella a las infantas Elena y Cristina, a quien posteriormente retiró su título nobiliario a raíz de una imputación en el caso Nóos, por el que fue absuelta y condenado su marido, Iñaki Urdangarin.
El origen de la polémica
Las informaciones sobre los pagos a la Fundación Lucum se han conocido a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción española a finales de 2018 en relación con el supuesto pago de posibles comisiones en la adjudicación del ferrocarril de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí), adjudicado en 2011 a un consorcio de empresas españolas.
La apertura de la investigación tuvo su origen en las grabaciones de una reunión en 2015 en Londres entre la amiga del rey Juan Carlos y supuesta receptora de parte de comisiones Corinna Larsen y el excomisario José Villarejo, un oficial de Policía implicado en varios escándalos políticos en España.
Los audios, en los que se hablaba de cuentas en Suiza y de las presuntas comisiones concedidas a Juan Carlos I, fueron intervenidos en una operación en noviembre de 2017 que condujeron a la cárcel al excomisario por espionaje y extorsión.
Posteriormente fueron reclamados por la Fiscalía suiza, que los pidió a la justicia española, para incorporarlos a la investigación de los presuntos testaferros de Juan Carlos I en cuentas bancarias en el país helvético.
Los investigadores suizos creen que los 100 millones de dólares procedentes del rey saudí Abdul Aziz Al Saud llegaron a una cuenta en Panamá de la Fundación Lucum de la mano de sus gestores en Suiza, Dante Canónica y Arturo Fasana, presuntos testaferros del rey Juan Carlos.
Según las informaciones publicadas por algunos medios, de esos 100 millones de dólares, don Juan Carlos habría transferido el equivalente a unos 65 millones de euros a Corinna Larsen en septiembre de 2012, cuando a raíz de un accidente que sufrió el entonces monarca se tuvo conocimiento de que había participado en una cacería en Botsuana, celebrada en los peores momentos de la crisis económica.
La reacción política
Las últimas decisiones de Felipe VI han suscitado el apoyo de los principales partidos, pero también reactivado el interés de varias formaciones por activar comisiones de investigación como las que ya rechazó recientemente el Congreso.
Los votos de los dos mayores grupos, PSOE y PP, vetaron crear una comisión de investigación para esclarecer las presuntas irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito, al alegar que éste mantiene la inviolabilidad con "efectos jurídicos permanentes".
La cuestión regresará probablemente al debate en la cámara cuando se supere la crisis del coronavirus, ya que el malestar por las últimas revelaciones ha llevado a que ciudadanos convocados en las redes sociales hayan protestado en varias caceroladas en diferentes ciudades para exigir que el rey Juan Carlos done a la sanidad su supuesta fortuna para hacer frente a la crisis del coronavirus.
El estatus del rey emérito
En junio de 2014, tras la abdicación, un decreto estableció que don Juan Carlos y doña Sofía mantuvieran el tratamiento de rey y de reina y su estatus jurídico y siguieran formando parte de la Familia Real, que con la proclamación de Felipe VI quedó reducida a seis personas (los reyes, sus hijas, don Juan Carlos y doña Sofía).
En esta situación, el rey emérito solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo por delitos cometidos tras el 19 de junio de 2014, la fecha de su abdicación, ya que con su renuncia perdió la inviolabilidad jurídica de la que goza el monarca de acuerdo a la Constitución.Por el momento, según su despacho de abogados, el rey Juan Carlos no ha recibido ninguna notificación, comunicación o requerimiento de autoridad judicial o fiscal alguna, ya sea nacional o extranjera.