Galápagos: implicado en presunta explotación sexual sigue libre tras más de un año del rescate de las víctimas

Ha pasado más de un año desde que salió a la luz un caso de presunta explotación sexual en la isla Isabela de Galápagos, pero hasta ahora el principal implicado continúa libre y no se le ha formulado cargos. “Me siento defraudada”, dice la madre de una de las adolescentes. Mientras tanto, un colectivo feminista alerta que tampoco hay avances en el tratamiento de estos casos por parte de las autoridades.

“Ha sido demasiado duro porque es mi única hija, mi única familia”, asegura Rebeca (nombre protegido), madre de una de las tres menores de edad que fueron violadas por un sujeto en el mirador ‘El Mango’ en enero del 2024.

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Una de las adolescentes habría fungido como la reclutadora en el colegio y llevó a las otras dos al encuentro con el individuo, quien presuntamente les dio dinero.

Los familiares de las dos víctimas denunciaron el hecho en la Fiscalía de Santa Cruz, pero no hubo ningún avance. Hasta que en septiembre de ese año, la Policía Nacional en colaboración con la organización estadounidense OUR Rescue rescataron a las dos adolescentes.

Las jóvenes, que tenían 16 años, fueron llevadas a una casa de acogida en Ecuador continental y la Policía empezó una investigación para determinar si hay más personas implicadas. De hecho, Edwin Íñiguez, quien en esa época era jefe de la Unidad de Investigación Contra la Trata de Personas, aseguró a Vistazo que la hipótesis era que las adolescentes asistían a fiestas y luego les filmaban teniendo relaciones sexuales.

Sin embargo, más de un año después el principal implicado sigue libre y ni siquiera le han formulado cargos.

Agregó que ya quiere que su hija regrese a Isabela, pero teme que se vuelva a encontrar con el agresor, quien se deja ver de vez en cuando en una moto.

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Actualmente, existen dos investigaciones en torno al sujeto acusado de agredir sexualmente a las adolescentes. Por un lado, la Fiscalía de Santa Cruz analiza el delito de violación tras las primeras denuncias de los padres y, por otro, en Guayaquil hay una indagación por presunta explotación sexual.

Rebeca narró a Vistazo que el proceso judicial en Santa Cruz se ha demorado por el cambio de fiscales: tres en todo este tiempo. Mientras que la última vez que se instaló la audiencia de formulación de cargos, la fiscal indicó que no tenía el CD del testimonio anticipado de la víctima y la diligencia quedó suspendida. Aún no hay fecha para la reinstalación. Sobre la investigación por explotación sexual, en cambio, no se conoce nada.

Para el Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (Magma) este caso es una muestra de que las mujeres, niñas y adolescentes del archipiélago “siguen enfrentando una doble vulnerabilidad: por su condición de mujeres y por vivir en un territorio aislado, donde la rotación de funcionarios y la ausencia de servicios especializados hacen casi imposible acceder a justicia”.

Esto se traduce en impunidad, pues más del 25% de los delitos reportados están vinculados a violencia contra la mujer, pero menos del 5% de los casos de violencia sexual llegan a sentencia, según la organización.

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De hecho, las activistas aseguran que fueron alertadas de un caso similar en Santa Cruz. Una joven les contó que cuando tenía 15 años una amiga del colegio le ofreció hacer fotos a cambio de dinero y luego le habló de ir a fiestas o lugares donde puede hacer más plata.

“Por eso nosotras insistimos en que no son casos aislados, creemos que es una red sexual de explotación de menores”, advierte Magma.

En los últimos años han existido varias alertas ciudadanas sobre diferentes tipos violencia sexual en Galápagos, pero son pocas las que han llegado a investigarse.

Entre otras cosas, esto se debe a la cultura del silencio que impera en la sociedad galapagueña. Un agente que trata este tipo de casos, y que prefirió no exponer su nombre, comentó a Vistazo que muchas veces la gente opta por solucionar estos temas “puertas adentro” antes que exponerlos abiertamente.

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A finales de septiembre, el diario británico The Guardian también reportó el problema de la violencia de género en Galápagos. En el informe se menciona que tanto el Ministerio de la Mujer como el Ministerio de Turismo señalaron haber efectuado capacitaciones especializadas para funcionarios públicos y asistencia técnica para mejorar la respuesta de estos casos.

Mientras que la Fiscalía le dijo al medio internacional que tiene un plan de trabajo para abordar los temas de violencia sexual en las islas, el cual contempla la implementación de una Cámara de Gesell (habitación para testimonios de víctimas, especialmente menores de edad) en Santa Cruz.

Sin embargo, el colectivo Magma señala que la situación en Galápagos no ha cambiado y que los nudos críticos persisten.

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“Seguimos sin una respuesta estatal articulada para investigar, atender ni prevenir la violencia sexual y la explotación sexual comercial de niñas y adolescentes. La Fiscalía continúa debilitada, la Policía carece de recursos para operativos especializados y no existe un sistema de protección integral que funcione de manera sostenida en las islas”, dijo la organización a Vistazo.

Agrega que más allá de los esfuerzos individuales de algunas autoridades, “no existe una política pública territorial para proteger a las víctimas ni garantizar su reparación integral”. Prueba de ello, es el caso de Isabela, cuyas víctimas ya llevan más de un año separadas de su familias sin que haya ningún avance en el caso que les garantice seguridad para volver a sus hogares.

Magma hace un llamado a dotar de un presupuesto, crear servicios de acogida en territorio y asegurar la presencia permanente de fiscales, peritos y equipos especializados. “Galápagos debe seguir siendo un destino mundial de conservación mientras sus niñas y mujeres estén igualmente protegidas”.