Seis presuntos miembros de red de corrupción en la ATM de Guayaquil son enviados a prisión: así operaban
Este jueves 23 de octubre, la Fiscalía informó que un juez acogió los elementos de convicción presentados y dictó prisión preventiva.
Seis presuntos integrantes de una red de corrupción, vinculada con estructuras criminales, que operaba dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil fueron enviados a prisión preventiva.
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Entre los implicados se encuentran funcionarios y exfuncionarios presuntamente involucrados en el delito de asociación ilícita.
Este jueves 23 de octubre, la Fiscalía informó que un juez acogió los elementos de convicción presentados y dictó prisión preventiva para:
La investigación se centra en la omisión irregular de partes y sentencias en materia de tránsito, presuntamente utilizada para evadir órdenes de detención y el encarcelamiento de infractores.
Los procesados fueron detenidos ayer durante allanamientos realizados en la ATM de Guayaquil, la Unidad Judicial Florida Norte y en sus domicilios, en un operativo coordinado el Ministro del Interior, John Reimberg, a través de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado.
Modus operandi en la ATM
Las investigaciones determinan que esta red cometía varios delitos conexos, entre ellos tráfico de influencias, cohecho, intimidación, evasión de detenidos, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones.
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Durante los allanamientos, uno de ellos ejecutado en el sector de Urdesa, se incautaron boletas de encarcelamiento originales, documentos judiciales falsificados, equipos tecnológicos, credenciales institucionales y teléfonos móviles.
Además, se detectaron vínculos entre uno de los detenidos y el grupo delictivo organizado “Chone Killers”.
De acuerdo a lo detallado por el Ministerio del Interior, las boletas incautadas corresponden a órdenes judiciales por delitos graves, como robo, tráfico de drogas y asociación ilícita, lo que evidenciaría el uso indebido de documentos oficiales para favorecer a personas privadas de libertad o vinculadas con estructuras delictivas.
Según Reimberg, los agentes de tránsito salían a hacer operativos con el objetivo de "detener a personas". Una vez que eso ocurría, ofrecían a las víctimas los servicios de un supuesto abogado, y, si la Justicia los enviaba a prisión, les emitían documentos fraudulentos e incluso boletas de excarcelación a cambio de pagos que iban entre los 5.000 y 7.000 dólares.
El ministro también aseguró que la red falsificaba documentos para que los detenidos no vayan a la cárcel, sino que sean trasladados a una clínica o a un centro de detención de la agencia de tránsito.
“He sido claro con todos los municipios: no tienen la capacidad para manejar agencias de tránsito si están infiltradas por grupos delictivos. En este caso, la vinculación es con los Chone Killers. Este operativo se ejecutó contra una red criminal enquistada en la Agencia de Tránsito y Movilidad Municipal. Si las agencias de tránsito se prestan para alimentar economías delictivas, los grupos criminales seguirán adquiriendo armas y poder, y esto no lo vamos a permitir", enfatizó Reimberg.