¿Conviene instalar sedes de Homeland Security en Ecuador? Exministro Luis Lara explica los alcances de acuerdos con EE.UU.
El exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general en servicio pasivo Luis Lara, explica los alcances de los acuerdos con Estados Unidos, en materia de seguridad, desde mediados de 2023.
La instalación de dos sedes de la agencia estadounidense de seguridad Homeland Security en territorio nacional se debate. No se trata de un puesto de observaciones avanzadas (FOL, por sus siglas en inglés), que fue retirado de Manta luego de diez años de operaciones, entre 1999 y 2009.
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La presencia de una base militar, con soldados extranjeros combatiendo en nuestro territorio, no puede decidirse sin una consulta popular. Está prohibida en la Constitución. Así lo explica en entrevista con Vistazo el general en servicio pasivo Luis Lara, quien fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa.
Además, analiza el sorpresivo cambio en la conducción del Ejército, anunciado a fines de septiembre, cuando a inicios de ese mes había sido nombrado un mando, entre discursos de una nueva fase en el combate contra la violencia.
¿Cuál es la situación de FF.AA. tras el cambio en la Comandancia del Ejército?
La designación de comandantes de las Fuerzas Armadas y Jefe del Comando Conjunto (COMACO) es una atribución del Presidente de la República. Con esa base, el análisis debe centrarse en la temporalidad.
Las preguntas son obvias: ¿Se equivocó el presidente en la designación?, ¿ocurrió algo en estas tres semanas? Y lamentablemente el país no tiene respuestas. Eso da un amplio campo para la especulación en un tema tan delicado como es la defensa y la seguridad. Un cambio tan abrupto es difícil de explicar e incluso de justificar. El régimen le debe al pueblo ecuatoriano una explicación amplia y suficiente.
¿Cómo evalúa la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar la ola de agitación actual?
Se esperaba que con la declaratoria de guerra interna se estableciera un mando único para propiciar operaciones coordinadas e integrales de las fuerzas de seguridad. De las informaciones que entrega el gobierno, se deduce más bien que esa coordinación se ha debilitado.
Al parecer no se han logrado utilizar las lecciones aprendidas de los hechos del pasado reciente. Un sector respetable, pero minoritario de la población, mantiene como rehén al país, causando destrozos, atemorizando a los ecuatorianos, saboteando el transporte y la producción. En esta oportunidad, el gobierno tiene en sus manos muchas más herramientas para evitar el caos provocado por estos grupos que evidentemente tienen gente preparada y armada, que incluso atentaron contra la caravana humanitaria que llevaba alimentos e insumos a la sufrida población de Imbabura.
Si estas bandas armadas, infiltradas o no en el movimiento indígena, atacan a un convoy en el que viajaban el presidente y sus ministros -lo cual considero una irresponsabilidad dada la situación que se está viviendo- y ese ataque no pudo ser evitado por el resguardo militar y de la policía, la preocupación de los ecuatorianos llega a su máximo nivel. La respuesta del gobierno, débil y tardía, incrementa las dudas.
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En un escenario de transición política, ¿cabe la convocatoria a Consulta Popular?
La propuesta del gobierno debe merecer el apoyo o el rechazo de los ciudadanos. Eso fortalece la democracia y sus resultados mejoran la gobernabilidad. Si desde hace casi dos décadas, el debate sobre muchos de los principios de la Constitución de Montecristi se ha mantenido, es porque en el fondo, la sociedad no se encuentra cómoda con ese marco constitucional.
El pueblo decidirá si quiere esos cambios para avanzar a un país que tenga garantizada la paz, la seguridad, el futuro. Resulta urgente por ejemplo que el Estado controle quiénes ingresan al país, conozca sus antecedentes y regule su permanencia. Es imprescindible que se garanticen los derechos básicos no con declaraciones líricas, sino con acciones efectivas para proteger a los ecuatorianos.
¿Qué cambios caben en defensa?
En materia de defensa es necesaria la adaptación urgente del rol de las Fuerzas Armadas a los escenarios geo estratégicos del tercer milenio. Esto implica que a sus misiones fundamentales de la defensa del territorio y la protección de la soberanía, expresadas en la Constitución, se debe incorporar su actual función de apoyar a la seguridad pública y del Estado, es decir, proteger a los ciudadanos.
Y de manera definitiva, el Estado ecuatoriano y sus Fuerzas Armadas deben incorporar políticas y estrategias para las acciones de defensa en el quinto dominio de la guerra, el dominio de la información. Podemos advertir que la noción tradicional de guerra por territorio está obsoleta y que ahora las potencias libran guerras económicas y de información.
¿Debe someterse a Consulta Popular la pregunta sobre bases militares extranjeras?
Es evidente que la declaratoria de Conflicto Interno nunca tuvo una planificación. También es evidente que, frente a las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado, ya no basta la acción de las fuerzas de seguridad de los Estados, no es suficiente la voluntad política de los gobiernos, sino que es imprescindible la actuación coordinada de las naciones y el apoyo de la comunidad internacional.
No debemos olvidar que ante la imposibilidad del gobierno de poder atender los requerimientos de las FF.AA. y Policía Nacional, con el presidente Lasso se realizó un proceso de búsqueda de apoyo internacional haciendo conocer la situación que vivía el país.
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¿Con qué resultados?
Estas gestiones tuvieron su punto culminante el 19 de julio de 2023, fecha en que se firmó el Memorándum de Entendimiento (MOU) para la cooperación en materia de seguridad. El MOU contiene 169 objetivos a ser alcanzados hasta el año 2030 para el fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Esos recursos, esos materiales, ese equipamiento es el que está ahora usando el gobierno para enfrentar al narcotráfico y el terrorismo. Además, con los EEUU se realizaron varios acuerdos como:
¿Y la consulta para una base?
Tengo que recalcar que no es lo mismo mantener un Puesto de Observaciones Avanzadas (FOL por sus siglas en inglés) en Manta que nuestro país lo tuvo durante 10 años desde 1999 con el objetivo de detectar, controlar y rastrear aeronaves que realizaran actividades relacionadas con el narcotráfico, que tener una Base Militar que mantenga soldados extranjeros combatiendo en nuestro territorio. Esto la Constitución no lo permite. Por otro lado, el gobierno a más de fortalecer las capacidades de FF.AA. y Policía Nacional lo que debería es promover o gestionar reuniones con sus pares de los países vecinos para combatir las amenazas transnacionales en las fronteras comunes de una manera coordinada y además promover la ejecución de una estrategia regional para el combate a estas amenazas en los ámbitos terrestre, marítimo y aéreo.
¿Debería mantenerse el estado de conflicto armado y la misma estrategia de militarización?
Muchos medios de comunicación y analistas opinan que la decisión de declarar un estado de guerra interna fue apresurada, concebida más como una pieza de estrategia publicitaria que como un acto de gobernabilidad dadas las profundas repercusiones nacionales e internacionales de la declaratoria. El efecto inicial fue la eufórica declaratoria del gobierno y un profundo desconcierto en la población. A nivel internacional, los comentarios fueron mayoritariamente negativos. Lamentablemente el país mantiene indicadores de violencia, criminalidad y muerte se dice que es el el 35 por ciento más que el año anterior lo que nos siguen poniendo como una nación en serio riesgo.
Es imprescindible señalar que al igual que el plan Fénix nunca fue presentado, ni se conocieron sus características, tampoco se conocen las estrategias para enfrentar a la presencia exacerbada del crimen organizado; los esfuerzos para combatir una ola de criminalidad que no parece que haya tenido un cambio significativo; de qué manera se va “recuperar el control territorial y la soberanía”, declaración que coloca al Ecuador como un Estado fallido.