Ecuador pondrá fin al arbitraje por Coca Codo Sinclair y se encamina a entregar su administración a PowerChina
Hasta ahora ha trascendido que PowerChina asumirá la gestión de la infraestructura, aunque persisten interrogantes sobre el modelo de operación.
Luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) resolviera el pasado 31 de diciembre poner fin al arbitraje que mantenía con la empresa china Sinohydro por deficiencias en la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, el Estado ecuatoriano se encamina a ceder la administración del complejo a la filial de la compañía asiática.
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A través de esa acción, Ecuador reclamaba una compensación de USD 580 millones, tras haberse identificado más de 13.000 fisuras en los distribuidores del complejo, ubicado entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos. Tras su entrega, la obra nunca alcanzó la capacidad de generación de 1.500 megavatios que había sido ofrecida en el contrato.
Según reportó el portal de noticias Ecuavisa este lunes, el Gobierno habría aceptado recibir un pago de USD 400 millones, la mitad en efectivo y la otra en crédito de proveedor. Aquello coincide con declaraciones emitidas en diciembre del año pasado por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien dijo que Ecuador recibiría una compensación por dicha cifra, resuelta por medio de un acuerdo global de conciliación.
El proceso continuará con la definición de un acuerdo conciliatorio por parte de la Procuraduría General del Estado y la Corporación Eléctrica del Ecuador, documento que establecerá las condiciones para cerrar oficialmente la disputa legal. Dichos términos deberán ser notificados al Centro de Arbitraje de Madrid, instancia que trata la disputa y que debe emitir la resolución que deje sin efecto el arbitraje.
Incertidumbre en torno a cómo será operada la central
Hasta ahora se ha confirmado que PowerChina asumirá la gestión de la infraestructura, aunque persisten interrogantes sobre el modelo de operación, las tareas de mantenimiento y las medidas que se adoptarán para enfrentar los riesgos técnicos existentes.
Además de los problemas ya identificados, la obra, cuya construcción costó USD 1.011 millones, se ve amenazada por la erosión regresiva del río Coca, que avanza a pocos kilómetros de distancia, así como por el deterioro de los desarenadores, cuya acumulación de sedimentos compromete el funcionamiento.
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Estos factores ponen en jaque la estabilidad de una instalación que aporta cerca de un cuarto de la energía eléctrica que consume el país.