Presentan acusación particular contra el alcade de Quito por presunto peculado en compra de pruebas COVID
Carolina Farfán lunes, 8 marzo 2021 - 01:48
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Este lunes 8 de marzo de 2021, el excandidato presidencial, César Montúfar, presentó una acusación particular en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por su presunta participación en delito de peculado, en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19.
Al respecto, Montúfar detalló que su denuncia la presentó el 12 de enero y que durante este tiempo se han realizado varias diligencias.
Sobre la acusación particular, el activista político indicó que la responsabilidad de Yunda "es muy clara, porque él delegó funciones al Secretario de Salud para que realizara toda esta irregular contratación, que ha tenido un gravísimo perjuicio en contra de la ciudad y los quiteños".
Además, puntualizó que el alcalde "participó e hizo posible la contratación, a través de varias acciones (...) para que este contrato se llevara adelante".
Acusa a Yunda como coautor en peculado por el presunto "abuso de dineros públicos", y al exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, como autor.
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha vinculado al alcalde de Quito como presunto autor mediato, y a otras seis personas como presuntos coautores a la instrucción fiscal abierta por peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19.
La adquisición, realizada a la empresa Salumed S. A., habría representado un perjuicio para el Estado de 4’226.800 millones de dólares.
Pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor, ordenó prohibición de salida del país, uso de dispositivo electrónico de vigilancia y presentaciones ante la autoridad (lunes, miércoles, viernes y domingo, este último en la Unidad de Flagrancia) para el alcalde Jorge Yunda.
Por otra parte, para Linda G., Daisy H. y Erik A. se dispuso también presentaciones periódicas, pero solo los viernes, además del uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país –medidas previstas en los numerales 1, 2 y 4 (uso del dispositivo electrónico) del artículo 522 del COIP–.
Y para Ximena A., secretaria de Salud del Municipio de Quito, Jéssica C. y Marco R. se dictó prisión preventiva.
Para todos los procesados se ordenó la inmovilización de cuentas y prohibición de venta de bienes por 5 millones de dólares.
Las personas vinculadas a este proceso penal habrían terminado, el 20 de julio de 2020 –por mutuo acuerdo– el “Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa”, suscrito entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Lo que correspondía, según las investigaciones de Fiscalía, era dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.
¿La razón? En lugar de entregar las pruebas PCR Polimerasa, como consta en el contrato, la empresa entregó pruebas RT LAMP, que tienen menos porcentaje de detección del virus. Es decir, había que duplicar el procesamiento de cada prueba, debido a su baja sensibilidad.
Este posible incumplimiento de las especificaciones técnicas era de conocimiento del Alcalde de Quito y de la Secretaria de Salud, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las constantes en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.
A esto se agrega que las pruebas adquiridas el 16 de abril de 2020 tenían como fecha de expiración el 26 de septiembre de 2020, cuando la Ley y el contrato determinan que la fecha de expiración de los productos no debe ser menor a los doces meses, contados desde el momento de la recepción.
El delito de peculado se sanciona con prisión de diez a trece años, según el inciso primero del artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
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